De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por unanimidad de los 10 asambleístas presentes, la Comisión de Fiscalización y Control Político calificó la solicitud de juicio político contra Carlos de la Torre Muñoz, exministro de Economía y Finanzas, propuesto por Tanlly Vera, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.
Tras la lectura del expediente, los legisladores Hermuy Calle, Karla Cadena y Jimmy Candell fueron los encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, es decir que la solicitud cuente con el respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea, que esté motivada en incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley.
Pruebas de oficio
Una vez cumplida dicha verificación, María José Carrión, presidenta de la comisión, solicitó como pruebas de oficio se requiera del Banco Central y de la Presidencia de la República la certificación del débito de 300 millones de la cuenta de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 y la respectiva acreditación en la cuenta Única del Tesoro Nacional y si es que hubo la calificación de excepcionalidad para este procedimiento, en su orden.
Causales del juicio
Las legisladoras Tanlly Vera, Rina Campain y Carmen Rivadeneira, quienes suscriben la solicitud como interpelantes, motivan este proceso en una carta que el mismo Carlos de la Torre envía a Carlos Bernal, secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, el 5 de enero de 2018, documento en el cual reconoció el traslado temporal de 300 millones de dólares que estaban destinados específicamente para atender a las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, hacia la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
Las asambleístas argumentan que el entonces ministro tomó ilegalmente ese dinero del fondo de la Ley de Solidaridad para trasladarlos a la Cuenta Única y destinarlo a otros fines distintos a los previstos en la ley.
María José Carrión dispuso que Secretaría notifique con el proceso al exfuncionario y a los asambleístas solicitantes, para que presenten las pruebas de descargo y que sustenten sus afirmaciones, en cada caso, dentro del plazo de 15 días.
EG/pv
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