Este martes, 11 de septiembre de 2018, a partir de las 15:30, la Comisión del Desarrollo Económico se reunirá para hacer un seguimiento a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. La norma, que aprobó la Asamblea, entró en vigencia el 21 de agosto pasado.
Esteban Albornoz, presidente de la mesa, reiteró que este proyecto establece mecanismos e incentivos para fomentar las inversiones nacionales y extranjeras, a fin de generar plazas de empleo y reactivar la economía, convirtiéndola en una normativa eficaz y coherente con la realidad nacional.
La norma incorporó incentivos para nuevas inversiones, como la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) y su anticipo durante 12 años en todo el país, excepto Quito y Guayaquil. En estas dos ciudades será de ocho años. En tanto, en los cantones fronterizos, este beneficio será por 15 años.
De acuerdo con Albornoz, dentro de las ventajas de la Ley, se incluyeron a importantes sectores históricamente olvidados, como el agro, la economía popular y solidaria, estudiantes, emprendedores, deportistas, sector cultural, pescadores, artesanos, entre otros.
Para ello, estableció algunos mecanismos, entre los cuales se encuentra la remisión de intereses, multas y recargos a obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas, Seguro Social, gobiernos autónomos descentralizados, matrículas e impuestos vehiculares, crédito educativo y deudas por servicios básicos, con entidades amparadas por la Ley de Empresas Públicas.
Con esta figura, el SRI aspira recaudar 774 millones de dólares en tres años: 602 millones en 2018, 115 millones en 2019 y 57 millones en 2020.
Entre otros beneficios, la Ley prevé la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sociedades que desarrollen proyectos de vivienda de interés social y tarifa cero en servicios de construcción para este mismo tipo de soluciones habitacionales.
Esta tarifa cero será también para importaciones y transferencias de insumos, elementos y maquinarias de uso del sector agropecuario, acuícola y pesquero; paneles solares y plantas para el tratamiento de aguas residuales; barcos pesqueros de construcción nueva de astillero; seguros agropecuarios y arrendamiento de tierras para uso agrícola. Además, para vehículos eléctricos de uso particular, transporte público y de carga.
Se crea la devolución del 50 % del IVA pagado en gastos de desarrollo, preproducción y posproducción en producciones audiovisuales, televisivas y cinematográficas y se reduce a 0 % la tarifa ad valorem del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) sobre cocinas y cocinetas a gas.
Además, se extiende el plazo de 3 a 5 años para realizar nuevas inversiones productivas en las zonas afectadas por el terremoto de Manabí y Esmeraldas, desde la vigencia de la Ley de Solidaridad, y se amplía el plazo de exoneración del IR de 10 a 15 años. Para el sector turístico, se aplican 5 años adicionales.
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