“Como Procuraduría, tenemos dos acciones en torno al laudo del Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya: solicitar la interpretación de algunos puntos del referido fallo, para lo cual tenemos el plazo de 90 días; y, demandar la nulidad del laudo ante las cortes de Derecho Civil de los Países Bajos, por incompetencia del Tribunal Arbitral”, dijo el procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político.
El funcionario explicó que la segunda estrategia tomaría alrededor de tres a cuatro años, tiempo en el cual no se suspende la ejecución del laudo arbitral, es decir que continuará el proceso, con la cuantificación del monto correspondiente a la reparación que exige Chevron.
Lo que está claro, subrayó Salvador Crespo, es que en ningún momento el Tribunal Arbitral desconoce que hubo daño ambiental producto de la operación de Chevron-Texaco en Ecuador, lo que cuestiona es la supuesta denegación de justicia para la compañía por haber fundamentado una sentencia en un acto de corrupción por parte del Juez que conocía el proceso, sentencia que fue ratificada luego en instancias superiores y, finalmente, vía acción extraordinaria de protección, por la Corte Constitucional.
Añadió que este fallo deja a salvo la posibilidad de que los afectados, a título individual, puedan proponer nuevas acciones en defensa de sus derechos.
Más de 30 mil afectados
Willian Lucitante, dirigente de la nacionalidad Cofán, recordó que son más de 30 mil personas afectadas, de las provincias de Orellana y Sucumbíos, cuya lucha se enfoca en la defensa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, porque los recursos deben servir también para las próximas generaciones. “Nuestros ancestros consumían las aguas del río Aguarico; hoy, la mayor parte de este río y sus afluentes, están contaminadas”, agregó.
Indicó que hasta hoy 389 mecheros de los pozos petroleros están encendidos y causan contaminación, lo cual se evidencia con un alto índice de casos de cáncer de pulmón, de estómago y, en el caso de las mujeres, de útero, respecto de los cuales hay una incidencia de hasta cinco y 10 veces mayor que en el resto del país.
Crimen intencional
De su lado, Pablo Fajardo, abogado de los afectados por Chevron, aseguró que la contaminación no fue un caso accidental, puesto que -por ejemplo- las aguas de formación (16 mil millones de galones) fueron enviadas a través de piscinas que conectaban directamente con los ríos y, además, se vertía petróleo crudo en los más de 1.500 kilómetros de caminos vecinales y carreteras, con el supuesto propósito de evitar el polvo.
“Aquí, encontramos dos factores que llevaron a este crimen intencional, primero, el afán de incrementar sus ganancias; y, segundo, una actitud racista, que inclusive consta en el propio juicio, cuando el jefe de los abogados de la empresa afirma que en esa zona no debería existir ningún ser humano”, enfatizó.
Reparación
Entre tanto, María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, anunció que este espacio legislativo liderará las acciones tendentes a lograr una reparación de derechos de los pueblos y nacionalidades que han sido afectados por la explotación petrolera de la empresa Chevron-Texaco, más allá de lo que pueda ocurrir con los procesos de interpretación y nulidad que han sido anunciados, así como de la posibilidad que los afectados presenten demandas individuales, es fundamental que el Estado sea quien determine la reparación integral y que, luego, se puedan seguir las causas a que haya lugar para que se puedan recuperar esos recursos.
Explicó que esta es una primera reunión respecto de este tema, pues seguirán con otras comparecencias que estén relacionadas con el caso Chevron, a fin de determinar qué es lo que ocurrió con la defensa del país y los resultados que se han obtenido ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya.
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