Oscar Enríquez, en representación de la Fiscalía General del Estado, presentó sus observaciones a los proyectos de Extinción de Dominio que analiza la Comisión de Justicia. El uno presentado por la Fiscalía y otro del Ejecutivo, relacionado con las reformas al Código Orgánico Integral Penal para la identificación, recuperación, repatriación y extinción de dominio de bienes de origen ilícito.
El funcionario dijo que es necesaria una Ley de Extinción de Dominio porque permitirá limitar los recursos económicos de las organizaciones criminales. Mencionó que las herramientas disponibles en el Código Orgánico Integral Penal (Coip) son limitadas y se circunscriben al comiso penal. La extinción de dominio no se encuentra normada en nuestro país, afirmó.
Señaló el proyecto de Ley de Extinción de Dominio presentado por la Fiscalía fue nutrido de las experiencias de las legislaciones colombiana, mexicana, guatemalteca y de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito y contiene elementos para seguir debatiendo sobre la necesidad de contar con una herramienta independiente del comiso penal, lo cual exige profundizar sobre los límites del derecho a la propiedad, retrospección, retroactividad e imprescriptibilidad de la ley.
Al referirse al proyecto presentado por el Ejecutivo, recomendó definir si la orden especial de inmovilización o incautación de bienes, puede ser apelada. Si es así, se debe incluir una reforma al artículo 653 del Código Integral Penal. Hay que ampliar de manera excepcional y justificada, por un plazo de 180 días la orden especial de inmovilización de bienes, fondos y demás activos, para que tenga concatenación con la extinción de dominio prevista en caso de ausencia del procesado.
Sobre el destino de los bienes, sugirió incluir el destino de todos bienes contemplados en el proyecto de Ley; ampliar su destino; financiar programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas; financiar programas de prevención del delito; apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas del combate al crimen organizado, en particular las dependencias especializadas que participan en el proceso identificación, recuperación, repatriación y extinción de dominio e invertir en el sistema de administración de bienes del Estado.
Los parlamentarios mostraron su preocupación respecto del proyecto de la Fiscalía en materia de extinción de dominio. Franklin Samaniego, vicepresidente del organismo legislativo, recordó que este tema fue analizado por académicos y de la Unidad de Análisis Financiero quienes señalaron que existen varios elementos contrarios a los mandatos constitucionales, como por ejemplo determinar por presunción que un bien es ilícito.
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