Este miércoles, 19 de septiembre, a las 09h00, la Comisión de Fiscalización y Control Político, con el propósito de recibir los argumentos de defensa de Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas, en la sustanciación de la solicitud de juicio político planteado en su contra, por las asambleístas Tanlly Vera, Rina Campain y Carmen Rivadeneira, por incumplimiento de funciones.
El exfuncionario deberá justificar por qué y sobre la base de qué normas legales y reglamentarias, dispuso el traslado de 300 millones de dólares de la cuenta del Fondo de la Ley de Solidaridad que estaban asignados a Manabí y Esmeraldas a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, para destinarlos al pago de cuentas pendientes a proveedores y a gobiernos autónomos descentralizados.
Jucio a exministro de Agricultura
Para las 11h00, en cambio, está prevista la sesión para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político planteado por los asambleístas Fernando Burbano y Verónica Guevara, en contra de Rubén Flores, exministro de Agricultura y Ganadería, por incumplimiento de funciones.
Los legisladores, luego de conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) respecto de este pedido de juicio político, deberán verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, es decir, que en la solicitud se invoque incumplimiento de funciones que le asignan la Constitución y la ley, que cuente con el respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea.
También, tendrán que constatar si al pedido se adjunta la declaración que las firmas son auténticas y pertenecen a sus titulares, al igual que el anuncio de la totalidad de las pruebas.
Según los interpelantes, el juicio obedece a la inconformidad que existe en el sector agricultor, puesto que la política impulsada por la cartera de Estado solo habría beneficiado a grandes productores, dejando de lado a los pequeños y medianos agricultores.
Así mismo, el Ministro no habría alcanzado un óptimo plan de comercialización para corregir factores como el almacenamiento del arroz, el precio de venta de la saca y los altos costos de producción, pues los pequeños agricultores se han visto obligados a vender sus cosechas a precios que no cubren los costos de producción.
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