Con el voto unánime de los nueve asambleístas presentes, la Comisión de Fiscalización y Control Político emitió informe favorable respecto de la solicitud de juicio político contra Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas, sobre la base de la solicitud presentada por las asambleístas Tanlly Vera, Rina Campain y Carmen Rivadeneira, tras establecer que sí hubo incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.
En la valoración de pruebas, los asambleístas expresaron sus puntos de vista respecto de los argumentos de cargo y de descargo presentados en la sustanciación de la solicitud de juicio político.
Daniel Mendoza, representante de Manabí, subrayó que después de este juicio político, en el cual se ha demostrado que el exministro Carlos de la Torre actuó de manera arbitraria, en contra de lo que dispone la Ley, se trata de conseguir un compromiso de todos: autoridades, contratistas y la ciudadanía, en general, para atender prioritariamente las demandas de los sectores afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 en las provincias de Manabí y Esmeraldas.
Entre tanto, Homero Castanier recordó que es obligación de los legisladores estar junto a la ciudadanía y escuchar sus inquietudes, para luego atender esas demandas desde la legislación y la fiscalización. “Hoy, hemos venido a cumplir nuestro deber de fiscalizar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y saber cómo se utilizaron los recursos aportados por todos los ecuatorianos”, añadió.
Ronny Aliaga, también vocal alterno del organismo, aseguró que no se puede permitir que un exfuncionario, haya dicho públicamente que lo que se hizo con 300 millones de dólares de la reconstrucción, fue utilizar recursos ociosos.
De su lado, Ramón Terán aseguró que el exministro utilizó recursos de la reconstrucción para otros fines, distintos de los previstos en la ley. “Mi voto es porque se dé el juicio, en defensa de los derechos de las provincias de Esmeraldas y Manabí”, enfatizó.
Para Karla Cadena, en Manabí y Esmeraldas aún subsisten cicatrices que no cierran, como en el caso de varios sectores de la producción a quienes aún no se les ha dado la oportunidad de reactivar sus economías. “Vamos a sentar un precedente para que ningún funcionario a futuro tome los recursos del Estado y los destine a fines distintos de los previstos en la ley”, apuntó.
La legisladora Silvia Salgado recordó que la solidaridad con Manabí y Esmeraldas fue inmediata, desde todos los sectores del país y esa solidaridad se institucionalizó a través de la ley que genera recursos para atender estos requerimientos. Si bien puede ser discutible la legalidad de la actuación del exministro que, inclusive, dijo que ahorró varios miles de dólares al país con el movimiento temporal de estos 300 millones de dólares, lo que está claro es que ningún funcionario puede aplicar la ley de manera discrecional, afirmó.
Mientras, Jimmy Candell aseguró que esta vez la Comisión y la Asamblea sí están ejerciendo su función fiscalizadora, en este caso, sobre cómo se ha aplicado la ley para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
A criterio de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, nadie puede entender lo que sintieron los manabitas y esmeraldeños el momento mismo en que se produjo el terremoto. Hoy, vemos que todavía quedan secuelas de la tragedia y, justamente por ello, hoy renovamos nuestro compromiso por la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.
Guillermo Celi, asambleísta nacional, oriundo de Manabí, calificó este proceso como la “crónica de una censura anunciada”, porque votaremos por la censura de un exfuncionario por haber violado la ley y, sobre todo, por haber sido indolente con la situación de los manabitas y esmeraldeños.
El asambleísta Mariano Zambrano expresó que los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político han demostrado que son manabitas de espíritu y de corazón, al reiterar el compromiso, no solo con la reconstrucción, sino con la creación de leyes que contribuyan a la reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto.
Procedimiento
Una vez aprobado el informe con la recomendación del juicio político, según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, corresponde que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, disponga, a través de Secretaría General, la difusión del informe. Transcurridas cuarenta y ocho horas luego de la difusión del informe, en el plazo de cinco días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno, a fin de proceder al juicio político que absolverá o censurará al funcionario.
La Presidenta de la Asamblea Nacional requerirá a las y los asambleístas que iniciaron el proceso, la nómina de dos asambleístas que realizarán la interpelación, que será comunicada al funcionario interpelado, al tenor de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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