El debate del proyecto de reformas a la Ley de la Defensoría del Pueblo fue la oportunidad para que el asambleísta por un día y representante de las víctimas de persecución política, Paúl Jácome, pida que se blinde de toda injerencia política a la Defensoría del Pueblo.
Según el borrador del informe para segundo debate, con las reformas, se busca reforzar su estructura organizativa y operativa para garantizar su independencia, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.
El 30 de septiembre de 2010, contó Jácome, durante la revuelta policial, marchó, con otro grupo de ciudadanos, a la gobernación de Cotopaxi y, en rueda de prensa, pidió la muerte cruzada. Por esta acción, dijo, fue sentenciado a un año de cárcel por el delito de atentado a la seguridad interior del Estado e invasión a edificio público.
Las reformas también buscan, de acuerdo con el documento, instituir a la Defensoría del Pueblo, como una entidad que cumple el mandato de proteger los derechos humanos y los de la naturaleza.
Jácome cree que, al igual que algunas organizaciones sociales, colectivos, periodistas y ciudadanos, sufrió persecución política, se le coartó la libertad de expresión, el derecho a la organización y hubo injerencia en la justicia.
“Nuestro compromiso es trabajar para lograr una verdadera reparación de derechos de todos lo que han sido víctimas de los abusos. Ojala estos proyectos, como el de la Defensoría del Pueblo, sirvan para lograr ese objetivo”, expresó el presidente de la mesa parlamentaria, Héctor Yépez. El asambleísta recordó que la Defensoría del Pueblo ofreció disculpas públicas a algunas organizaciones, por la inacción de esta entidad.
El debate
Las delegaciones y comisiones defensoriales fue uno de los temas con los que empezó el análisis la Comisión. Arrancó desde el artículo 17, los otros 16 los estudió en sesiones anteriores.
Una de las novedades que se presenta en este capítulo es que las delegaciones de la Defensoría del Pueblo dejarían de ser rígidas, es decir, implantadas en un solo lugar, a fin de que pueda cumplir sus atribuciones y competencias. Esas delegaciones podrían moverse, según las necesidades o circunstancias, explicó Yépez.
También analizó temas referentes a la estructura y desconcentración, así como mecanismos de protección. Aquí se incluye mecanismos de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; violencia contra las mujeres; y derechos de la naturaleza.
LILA/pv
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