La Comisión de Derechos Colectivos, en su sesión 184, conoció la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional para que realice el seguimiento de los lamentables hechos ocurridos en Mascarilla, donde perdió la vida el joven afrodescendiente, Andrés Padilla Delgado, el pasado 23 de agosto.
La mesa legislativa, inició el desarrollo de la sesión solidarizándose con los familiares de Andrés Padilla y el pueblo afroecuatoriano. De inmediato, los parlamentarios resolvieron pedir a Gina Benavides, Defensora del Pueblo; Nelson Humberto Villegas, Comandante General de la Policía, Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado; Marcelo Merlo, Presidente del Consejo de la Judicatura; y, a María Paula Romo, ministra del Interior, un informe detallado de las medidas tomadas por el fallecimiento de Andrés Padilla, en el incidente ocurrido en Mascarilla, sector Valle del Chota, provincia de Imbabura; y, cómo se lleva el debido proceso.
El parlamentario José Chalá, autor de la resolución, aclaró que la Asamblea no puede interferir en las investigaciones que realicen las instituciones competentes, pero sí hacer vigilancia para que se dé el debido proceso, es decir, respetará la independencia de las instituciones, mediante un acompañamiento a favor de los derechos humanos.
Dicha resolución condena, de manera enfática, el homicidio del referido joven, presuntamente, en manos de un miembro de la Policía Nacional, y exhorta a la institución policial para que, en el ejercicio de sus competencias, cumpla los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego aprobados por Naciones Unidos y que en la protección de la seguridad pública, en caso de manifestaciones populares emplee solo la fuerza no letal para mantener el orden.
Igualmente, dispone la comparecencia personal de Mauro Toscanini, exministro del Interior, para que exponga las acciones que se tomaron respecto del homicidio de Andrés Padilla y de la actual secretaria de Estado, María Paula Romo, para que indique las acciones que emprenderá en esta investigación y exponga los protocolos de la Policía para el control del orden en caso de manifestaciones sociales, así como las acciones que se tomarán para evitar que se repitan hechos como este.
La resolución incluye un exhorto a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las actividades investigativas y de protección de los derechos humanos y para sancionar a los responsables.
El presidente del organismo legislativo, Jorge Corozo, subrayó que la comparecencia de Mauro Toscanini, exministro del Interior y de María Paula Romo, actual secretaria de Estado, al Pleno le corresponde gestionar a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
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