Paúl Pérez y María Paula Romo, fiscal General y ministra del Interior, respectivamente, formularon varias observaciones y reparos al contenido del proyecto de Ley de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana, en la Comisión de Justicia.
Pérez Reina comentó que temas como la prisión preventiva, la tutela efectiva, medidas no privativas de libertad, derechos de las víctimas, principios, procedimiento abreviado, reincidencia, entre otros, están fijados en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal (Coip).
Enfatizó que la prisión preventiva es una media excepcional, por lo cual, ponerla como regla general para cualquier delito contravendría estándares internacionales en materia de derechos humanos, pondría en riesgo el principio de presunción de inocencia, los derechos de las víctimas a una pronta reparación, además desbordaría la capacidad e infraestructura de los centros de rehabilitación social para albergar a miles de ciudadanos. Así, el proyecto estaría ampliando el poder punitivo del Estado, precisó
Alertó que existen varios casos de denuncias contra el Estado ecuatoriano en cortes internacionales por la aplicación de la prisión preventiva, al reiterar que la propuesta dispone que solo por el hecho de presunción de una infracción, los jueces de garantías penales dicten necesariamente una medida cautelar privativa de libertad, lo cual vulneraría derechos de los posibles infractores, agregó.
El Fiscal argumentó que, según el Coip, para dictar una medida de esa naturaleza se considere: la convicción que la persona es autora o cómplice, tratarse de un delito que supera el año, que la persona implica un peligro de fuga o obstrucción de justicia dentro de la investigación, así mismo el arraigo social, familiar y laboral. Pero, si es evidente que comparece a las diligencias y asegura el cumplimiento de la pena, puede recibir una medida alternativa.
Cruzada por la seguridad
En tanto, María Paula Romo, ministra del Interior, invocó a una gran cruzada sobre los temas de seguridad, donde es indispensable comprender en qué porcentaje cada uno puede colaborar. Comentó que muchas veces las reformas legales sí tienen un efecto directo, pero perjudicial para el control de la seguridad y ese riesgo es cargar el sistema de justicia.
Expuso cifras sobre denuncias de violencia psicológica, al pasar de contravención a delito: en 2014, 3.300 denuncias y 25 sentencias; 2015, 5.000 denuncias, 200 sentencias; 2016, 3.600 denuncias, 180 sentencias; y, 2017, 3.000 denuncias y 147 sentencias. Entonces, aquí cabe analizar la carga y cantidad que tienen los fiscales, jueces y peritos en la tramitación de las denuncias, muchas de las cuales no llegan a una sentencia. Por tanto, se ven limitados en la investigación y la sanción correspondiente, agregó.
Hay que preguntarnos si al convertir algunas conductas en delitos estamos protegiendo más o protegiendo menos a las víctimas, estamos consiguiendo más o mejores resultados, pues los efectos son que cada vez se presentan menos denuncias. Es fundamental desarrollar un plan integral de prevención de la violencia, atacando los factores específicos de esta realidad, concluyó.
MG/eg
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