El proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público, en aplicación de la consulta popular de febrero de 2017, que determina que los servidores públicos elegidos por votación popular y aquellos contemplados en el jerárquico superior deberán declarar ante notario público que no poseen bienes en paraísos fiscales, tiene informe favorable para primer debate en la Comisisón de los Derechos de los Trabajadores.
Para el resto de servidores públicos esta declaración juramentada será parte del formulario que emita la Contraloría para declarar el patrimonio púbico, según lo explicó su proponente Norma Vallejo, en la Comisión de los Trabajadores.
Aquí se incluirá autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.
Norma Vallejo aseveró que con el control y la regulación directa de la Contraloría se pueden evitar dos cosas: el gasto que equivale este trámite y las ausencias de los funcionarios de sus respectivos puestos de trabajo al salir a realizar el trámite, lo que altera el buen funcionamiento y la atención al usuario de cada institución.
Recordó que la propuesta nació a raíz, que año anterior, los funcionarios públicos pasaron por una situación caótica con filas interminables para realizar esta declaración patrimonial notariada.
Según el documento, en el plazo de 15 días la Contraloría, colocará a disposición de la ciudadanía nuevos formatos donde se recepte a los servidores del Estado la declaración juramentada de no encontrarse incursos en la prohibición constante en la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017.
RSA/pv
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