En la segunda jornada del primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación, los asambleístas se tomaron más de cinco horas para su análisis y presentar observaciones. La restitución de derechos fue uno de los temas más abordados, al igual que la eliminación de la figura del linchamiento mediático y de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom).
Norma Vallejo precisó que urge afianzar en la tutela del derecho a la comunicación y brindar las garantías a los trabajadores para que ejerzan la profesión con total libertad y responsabilidad. “Es necesario que se establezcan mecanismos de protección a los periodistas y a sus equipos de trabajo, para que se reduzcan los riesgos en su labor diaria”, dijo.
Sugirió que la persona afectada por una afirmación falsa podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que, en uso de sus atribuciones, solicite -de manera inmediata- medidas de restitución de derechos ante la autoridad competente, mediante patrocinio en las acciones constitucionales o la intervención de los órganos jurisdiccionales, según corresponda, es decir que los comunicadores, técnicos y de apoyo, tengan los mismos derechos.
Esteban Merlo pidió analizar las consecuencias de eliminar el ámbito del control administrativo y el ejercicio del derecho de réplica y rectificación; que la opinión sea regulada y fundamentada. También, que se revisen varios artículos que se derogarían, como el caso del artículo 26 relacionado con el linchamiento mediático.
“Al eliminar el concepto de servicio público en la comunicación, se convierte en un trofeo que establece términos imprecisos y destinados”, expresó.
En tanto, Marcelo Simbaña propuso establecer una regla específica para que los trabajadores de la comunicación accedan a ejercer el oficio en medios públicos y privados, tras calificar como un desatino la propuesta de limitar el uso de espacios en medios para difundir la música nacional.
Para César Rohon, la Ley de Comunicación conculcó derechos como la libertad de prensa, de opinión y los derechos de ciudadanos a ser informados. Además, persiguió y sancionó a medios y comunicadores, poniendo en riesgo la democracia. “Los medios incautados fueron utilizados para manipular la comunicación en el país y como mecanismos de propaganda en los últimos 10 años, agregó.
De su lado, Vicente Taiano aseguró que ubicar a la comunicación como un servicio público constituyó un atropello a la norma internacional en el ámbito de defensa de los derechos humanos. Habló de especificar cómo se daría la reparación y cuáles serían sus límites.
El debate tiene que centrarse en cómo democratizar los medios y la comunicación, en general, respondiendo al interés de la ciudadanía y no de las grandes empresas y que la comunicación esté al servicio de la sociedad, enfatizó Pabel Muñoz.
Mientras, Elio Peña dijo que es importante que los ciudadanos cuenten con medios públicos, comunitarios y privados, con una distribución equitativa de las frecuencias. "En todo momento, hay que evitar la concentración de medios y los oligopolios; la asignación de frecuencias tiene que darse por la vía de concursos públicos transparentes", añadió.
Para Héctor Muñoz, hay que vigilar que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) o ningún otro organismo, por concepto alguno, implementen competencias sancionatorias.
Patricia Henríquez, en cambio, resaltó que el Cordicom debe conformarse con personas de alta probidad y experiencia. Reiteró que la Ley de Comunicación tiene que ofrecer seguridad jurídica, desarrolle la comunicación, proteja la investigación, sea incluyente y repare a quienes han sido afectados.
A decir de Augusto Espinosa, las empresas públicas no tienen estabilidad administrativa, deben pasar de entidades de gobierno a empresas de Estado, creadas por ley y no por decreto".
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