Luego de una amplia participación de legisladores de diversas bancadas legislativas, quienes dieron sus aportes al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, el Pleno de la Asamblea Nacional cerró el primer debate. La propuesta legal elimina el concepto de comunicación como servicio público, tomando en cuenta que es un derecho de todos los ciudadanos.
Entre otros aspectos, se elimina el linchamiento mediático, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), así como las sanciones administrativas contra los medios de comunicación y periodistas. A la vez, se respeta la tabla salarial de los trabajadores de la comunicación.
La Comisión de Derechos Colectivos, que analilzó el tema y preparó el informe que se debatió en el Pleno, unificó 14 proyectos, recogió criterios de 80 organizaciones sociales, de medios de comunicación, empresarios, reporteros, catedráticos, ministros y autoridades de distintas instituciones. La Ley prevé la distribución de frecuencias del espectro radioeléctrico, es decir, 33 % para el sector público, 33 % para el privado y 34 % para el comunitario.
El presidente de la Comisión, Jorge Corozo, adelantó que analizarán la propuesta del Ministro de la Información, para que se unifique el porcentaje de frecuencias para el sector público y privado, respetando el 34 % para el sector comunitario.
El proyecto garantiza la protección por parte del Estado y los medios de comunicación a los periodistas y sus familias en coberturas e investigaciones de casos de narcotráfico, contrabando, trata de personas y corrupción.
En la integración del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) se toma en cuenta a representantes de las organizaciones sociales, así como de universidades que mantengan la carrera de comunicación, quienes tendrán voz y voto, mientras que a los delegados de los medios de comunicación públicos y privados, de organizaciones ciudadanas relacionadas con la promoción cultural y gremios de trabajadores se les reconoce derecho a voz, pero no a voto.
Se diversifica el universo de medios a través de los cuales se puede transmitir información; se afianza el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias para producir y difundir -en su propia lengua- contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes, por un espacio equivalente al 5 % de su programación.
Las normas deontológicas estarán alineadas a la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión; se establece la responsabilidad civil por afectaciones a derechos humanos, reputación, honor y el buen nombre de personas; y, cuando se vulneren los derechos de la comunicación, se fijan mecanismos de reparación integral como capacitaciones, talleres o campañas educativas y disculpas públicas.
Así mismo, se confirma el derecho de las personas a exigir a los medios de comunicación que rectifiquen información inexacta; que los contenidos que difundan precautelen la integridad de niñas, niños y adolescentes.
En el primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación inervinieron 46 asambleístas quienes dieron sus aportes en dos jornadas del Pleno. El documento regresa a la Comisión de Derechos Colectivos para que elabore el informe para segundo debate.
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