La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continuo el estudio de las propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esta vez recibió las observaciones de la Defensoría Pública.
Ricardo Morales, de la Defensoría Pública, se refirió a la privación de la libertad, reincidencia de delitos, impunidad, aumento de penas, la sustitución de las mismas. Allí se debatió sobre la conveniencia o no de revelar la identidad de las personas que en forma presunta habrían cometido un delito.
Morales propuso a nombre de la Defensoría fortalecer la seguridad ciudadana y proteger a las víctimas con una adecuada tutela judicial y cuidar que los derechos civiles no sean afectados.
Explicó que la institución a la que representa combatirá la reincidencia colectiva y la impunidad, a fin de asegurar que los ciudadanos reciban del Estado un efectivo cumplimiento de la justicia y, con ello, respetar, proteger y precautelar los derechos de la sociedad frente a los delitos y a la impunidad.
Igualmente, sugirió que las medidas privativas de la libertad se apliquen cuando el acusado ha cometido un hecho ilícito del mismo rango y tenga una condena anterior por un delito penal.
No tendría derecho a libertad cuando haya cometido delitos contra la vida, secuestro en sus diferentes tipos, delitos contra la identidad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer del núcleo familiar y diversos tipos de robo, explicó.
El funcionario consideró que con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se dio un significativo aumento de las penas, pero que no ha sido una solución, lo que ha ocasionado un incremento del número de personas privadas de libertad, que ya llegan a 37 mil, ocasionando un hacinamiento de más del 30 %, que genera un problema para el Sistema de Rehabilitación Social.
Lira Villalva, legisladora de Tungurahua, se refirió a la necesidad de aclarar el tema de revelar la identidad de las personas que son detenidas en casos de flagrancia, a lo que Morales respondió que antes se revelaban las identidades, estigmatizándolas y afectando sus derechos, pese a que no exista una sentencia ejecutoriada, lo que va contra el principio de inocencia.
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