Un amplio debate concitó en la Comisión de los Trabajadores el proyecto de reformas que busca restituir los derechos de un grupo de beneficiarios de la anterior Caja Policial. El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), general David Proaño Silva, se mostró partidario de buscar los mecanismos para reactivar el artículo 83, que garantiza jurídicamente el acceso a las prestaciones de invalidez, vejez y muerte.
El funcionario aseveró que la derogatoria al artículo 83 deja sin piso jurídico la posibilidad de que los pensionistas de la Excaja Policial puedan gozar de los derechos que les asiste, sobre todo, en lo relacionado con el seguro de enfermedad y maternidad. También, dijo, queda sin un respaldo legal que garantice el pago de la pensión que reciben.
Mientras, las afectadas claman porque se les devuelva los valores de las pensiones que no fueron canceladas por varios años.
La reforma de análisis, propuesta por el asambleísta René Yandún, prevé que el contenido del artículo 83 y el segundo inciso del artículo 85, textos que fueron derogados con la vigencia del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, sean incorporados al texto de la Ley de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Con ello, el grupo de pensionistas de la Caja de la Policía, constituido por asegurados cotizantes que alcanzaron derecho vitalicio a la pensión de invalidez, vejez y muerte, a partir del 9 de marzo de 1959, hasta la expedición de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), mantengan sus derechos y aportará a esta entidad, de su propia pensión mensual, los porcentajes establecidos en esta Ley, para los seguros de enfermedad, maternidad y de mortuoria.
David Proaño recalcó que, pese a la derogatoria del artículo 83, el ISSPOL cumple con la normativa y que las sentencias judiciales no han conculcado derechos ni han suspendido los pagos, puesto que el seguro de maternidad y enfermedad recibe el aporte de 48 mil policías y atiende a más del triple de afiliados. El aporte está a cargo del personal en servicio activo, explicó.
Norma Villacís, una de las afectadas, quien actuó como asambleísta por un día, pidió que se revisen los porcentajes de descuento a las beneficiarias y que se reconozca el 80 % del universo de las montepiadas afectadas desde junio del 2011, en que no se tomó en cuenta el pronunciamiento del Procurador General del Estado para que se restituya de forma vitalicia el montepio de la Excaja Policial.
La Comisión continuará recibiendo aportes de los actores involucrados, como paso previo a la elaboración del informe para primer debate.
RSA/eg
