Los legisladores de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores conocieron y analizaron el proyecto de Ley Reformatoria a las leyes del Seguro Social y de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por el cual se plantea la restitución del aporte del 40 % del Estado a las pensiones jubilares por vejez de los institutos aseguradores de estas entidades (ISSFA e ISSPOL) y aquellas personas que se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia y reciban una remuneración.
Esta disposición fue eliminada en la Ley de reformas a las leyes de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 559, de 30 de marzo de 2009.
Roberto Gómez Alcívar, autor de la iniciativa, presentó sus argumentos. Dijo que el proyecto responde a que se les está descontando el 40 % de la pensión jubilar o pensión de retiro a los jubilados que vuelven a trabajar. Indicó que busca se respete la totalidad de estas pensiones, ya que es un derecho que no puede ser tocado, conculcado, disminuido, ni renunciado.
Asimismo, dijo que el beneficiario de la pensión de retiro podrá gozar del derecho de atención médica en las unidades de salud dependientes de Seguro Social, tanto de las Fuerzas Armadas, cuanto de la Policía Nacional en todo momento posterior a su retiro. El derecho de atención médica no dependerá, en ningún caso, de la nueva situación laboral del afiliado.
Para ello, manifestó que es fundamental eliminar las disposiciones generales Primera y Segunda agregadas por la Ley Reformatoria publicada el 30 de marzo de 2009, que se refieren a la pensión jubilar y la reincorporación al sector productivo.
Fundamentó su propuesta en lo previsto en el artículo 11 de la Constitución, por el cual la seguridad social es un derecho que debe desarrollarse de manera progresiva, a través de normas, jurisprudencia y políticas públicas.
Liliana Durán, presidenta de la Comisión formuló varias precisiones. Una de ellas, que al restituir el aporte del Estado se estaría aumentado el gasto público, por tanto se requeriría de la iniciativa del Presidente de la República, de conformidad con la Constitución y la Ley.
Añadió que se debe considerar que la legislación actual no vulnera el derecho a la seguridad social, pues quien labora nuevamente en relación de dependencia debe ser afiliado por su empleador.
Adelantó que ha pedido los criterios tanto de las autoridades de estos institutos aseguradores y del ministerio de Finanzas, pero hasta el momento no han tenido respuestas.
Para Juan Cárdenas, no hay egreso de fondos del Estado, sino recursos que se han ido acumulando mediante las aportaciones de su vida laboral. “De tal manera que no se trata de ningún gasto extra, sino de conocer que están haciendo estos institutos con el 40 % que se está reteniendo arbitrariamente y que no le sirven a los propietarios de ese fondo.
“No estamos pidiendo erogación de un solo centavo del presupuesto del Estado, estamos pidiendo justicia al afiliado, quien para jubilarse tuvo que hacer 360 aportaciones y acreditar 60 años de edad”, dijo el legislador.
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