Durante el segundo debate del proyecto de reformas al Código General de Procesos (Cogep), legisladores de distintas tendencias políticas formularon varias observaciones, sobre todo en temas como apremio personal en caso de alimentos, así como en las citaciones que, de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, podría cumplirse a través de las notarías.
En torno al apremio por adeudar pensiones alimenticias, hubo aclaraciones en el sentido que esta figura de ninguna manera afecta a los derechos de los alimentantes, puesto que se consideran circunstancias especiales que, inclusive, permiten que dicha medida solo se aplique por un lapso de ocho horas, para que no haya problemas en lo laboral.
Respecto de las citaciones, varios fueron los planteamientos, uno de ellos dirigido a que la citación no se haga vía boleta, sino de manera personal, a fin de evitar la serie de problemas que actualmente aquejan al ejercicio de la justicia. Otro, en referencia al caso de las personas cuyo paradero se desconoce, que se solicite la certificación de las autoridades relacionadas con la movilidad humana, a fin de conocer si está registrada su salida del Ecuador o si reside en otro país, con lo cual se garantizarían los derechos de los compatriotas residentes en el exterior.
La citación a través de una Notaría fue destacada por algunos asambleístas, puesto que esta medida impediría que se reproduzcan viejas prácticas como la certificación que pone el citador que ha sido entregada la boleta y que la persona (no siempre el citado) ha firmado la misma, cuando dicha persona está fuera del país.
Otra reforma que mereció el análisis en el Pleno es la que se refiere al monto de la caución en el caso de una demanda de recusación (separar a un juez del conocimiento de una causa), porque al momento muchos ciudadanos no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con el pago en los valores vigentes.
Así mismo, se formularon comentarios en el sentido que este proyecto tiene importantes avances, entre ellos, lo referente a la admisión del recurso de casación, el retiro de la demanda, la declaración del abandono y la intervención a través de varios procuradores judiciales.
Los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado enfatizaron que se trata de un proyecto construido con una amplia participación de diversos sectores, incluidos la Academia, las autoridades y operadores de justicia, así como abogados en libre ejercicio.
Luego de 19 intervenciones, se declaró cerrado el debate y el texto definitivo será presentado por la Comisión en los próximos días, luego de un análisis de las observaciones formuladas en el Pleno, a fin de incluir aquellas que permitan mejorar esta propuesta legal.
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