Comisión de Fiscalización escuchó informe de la Judicatura sobre nombramiento de jueces y fiscales

Jueves, 11 de octubre del 2018 - 18:40 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Cuatro miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio acudieron de manera presencial a la Comisión de Fiscalización y uno vía videoconferencia. Esto a propósito del llamado que les hizo la mesa, en cumplimiento de la resolución que adoptó el Pleno de la Asamblea Nacional, el 2 de octubre pasado, para que comparezcan en el plazo de 7 días e informen sobre algunas de las inquietudes ciudadanas, en cuanto a su accionar.

Homero Castanier, impulsor de este llamado, explicó los motivos por lo que hizo la propuesta. Las calificó como preocupantes. Se refirió a cuestionamientos en cuanto a nombramientos de jueces, denuncias de tráfico de influencias, casos pendientes por pedidos de licencia, denuncias por supuestos pedidos de información de fallos, espionaje, entre otros.

Para aclarar las dudas acudieron el presidente del Consejo, Marcelo Merlo, así como los vocales Aquiles Rigail, Angélica Porras, Zobeida Aragundi y, desde Estados Unidos, el renunciante, Juan Pablo Albán.

Merlo fue el primero en tomar la palabra y explicó que actuaron en el marco del mandato que tienen, como órgano transitorio. Es decir, despachar tareas propias de la institución y otras fruto de la cesación del Consejo, presidido por Gustavo Jalkh, como el concurso para la designación de fiscales provinciales.

Para esta selección, Merlo sostuvo que se pidió a la academia y a la sociedad civil que presenten las listas con los hombres y mujeres más calificados y así escoger a los mejores. Además, que se llevó a cabo un proceso de impugnaciones, con lo que rectificó a seis fiscales.

Sobre la licencia que solicitó, que según Castanier disminuyó el despacho de trámites, justificó que comunicó al Consejo de Participación Ciudadana, que lo nombró, sobre un viaje programada hace un año atrás, mientras que sobre la denuncia de un supuesto espionaje, aseguró que no existe.

Quienes tuvieron visiones contrarias, respecto a la actuación de los vocales del Consejo de la Judicatura fueron Aquiles Rigail y Angélica Porras. Los dos se refirieron a los comunicados enviados a jueces. El primero justificó que pidió información porque, durante la subrogación de la Presidencia, ante la ausencia de Merlo, detectó despachos atrasados, uno de ellos del 17 de enero de este año.

Se trata de un documento suscrito por la Comisión Anticorrupción del Guayas sobre un pedido de información de la Contraloría. Dijo que trasladó al juez pertinente para que atienda y le hizo notar el tiempo.

Sin embargo, Porras cuestionó que en el comunicado de su par se haga referencia a la “improcedencia” de un fallo y a lo “aberrante” de una sentencia y que la función de los vocales del Consejo no es decirle si el juez ha actuado bien o mal. Lo propio hizo con otro comunicado que habría enviado Rigail a otro juez.

De su lado, Juan Pablo Albán, vocal renunciante, dijo que la información sobre escuchas y equipos electrónicos conectados en la Judicaturale proporcionó un equipo técnico de la misma entidad, pero que los resultados de la investigación aún no se conocen.

Señaló que durante su gestión pudo apreciar lentitud en el despacho de procesos judiciales, demora en la toma de decisiones. Explicó que la evaluación a los funcionarios de justicia por parte del Consejo de la Judicatura se truncó debido a que no existían los mecanismos y la metodología adecuada.

Afirmó que el Consejo de la Judicatura Transitorio hizo cosas positivas, tomó decisiones trascendentes y ejerció controles adecuados para que los jueces despachen las causas en forma oportuna y que no se ejerció ningún tipo de presión en las decisiones que tomaron. Reconoció que si bien se cometieron errores hicieron lo posible por enmendarlos.

Por último, Zobeida Aragundi aclaró que no existe división ni enfrentamiento en el Pleno del Consejo y que el 93 % de las decisiones se adoptaron por unanimidad

LILA-RD/pv

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