El jurista Ramiro García aseguró que los dos temas constituyen una preocupación para los ecuatorianos. Dijo que el sistema penal es extremadamente sensible, porque ahí se ve cómo la sociedad respeta garantías, además de ser el medidor de una sociedad.
“La respuesta política penal casi siempre es de corte autoritario y la preocupación por la seguridad es entendible, pero hay veces en que se quiere solucionar un problema sin saber si de verdad existe”, dijo.
Para García, son necesarios los datos para conocer exactamente los porcentajes de inseguridad y con esas cifras, proyectar legislativamente, en base a las normas que regirán a los ciudadanos.
Ley Anticorrupción
Con respecto al proyecto de Ley Anticorrupción, epresó que si queremos recuperar los fondos desviados, debemos dictar normas para que la colaboración de un tercero sea atractiva, pues sin ello nadie se va a arriesgar. Saben que detrás de la corrupción existen estructuras mafiosas, que tienen las mismas formas de accionar que los carteles”, afirmó.
Se preguntó ¿Quién es el destinatario de la norma y cuál es la finalidad? Insistió en que una vez que se respondan esas dos interrogantes es posible trabajar en leyes que de verdad sean viables.
Así mismo, expresó para la recuperación de los dineros es necesario que quien delate tenga participación en el dinero recuperado. Mientras que al referirse a los funcionarios públicos, manifestó que nadie va a delatar a cambio de una placa de reconocimiento. “Hay buena intención, es positiva, pero mal dirigida”, puntualizó.
¿Estigma de por vida?
Con respecto al Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, García dijo que se generaría un estigma, una especie de cadena perpetua, que no tiene sentido, pues ya existe un registro de antecedentes penales en el país. “Esta no sería una muerte civil, sino social y eso es inconstitucional. Necesitamos leyes con contenidos nuevos, que sean útiles”.
Lourdes Cuesta, proponente del proyecto, señaló que la lista estaría dirigida únicamente a quienes hayan sido juzgados y cumplieron una condena. “No hablamos de un dispositivo electrónico ni colocarlo en un registro público, sino lo manejaría el Ministerio del Interior, al que tendría acceso únicamente la persona interesada”, explicó. Además, aseguró que se trata de proteger a los niños. “Cuando hablamos de corrupción frente a la vida un niño, no hay punto de comparación”, puntualizó.
Un segundo tema tratado fue la despenalización del aborto en casos de violación. Fueron Graciela Ramírez y Carolina Baca, docentes de la Universidad Internacional SEK, quienes dieron sus criterios. Ellas cree que es necesario saber a ciencia cierta la doble vulneración a la que se somete a una mujer víctima de violación al obligarle a ser madre y pidieron que se analicen cuerpos normativos de otros países, para conocer los resultados.
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