La Comisión Multipartidista que estudia la denuncia sobre supuestos cobros indebidos por parte de la asambleísta Norma Vallejo recibió las pruebas de cargo, mediante un audio facilitado por los acusadores y comparecencias tanto del abogado, como de los colaboradores involucrados.
Para mañana, 23 de octubre, estaba prevista la presencia de Norma Vallejo, quien, mediante un oficio, adelantó que no asistirá. También se volverá a llamar al Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien, en esta ocasión, se excusó de asistir.
A pesar del anuncio de la legisaldora, Eliseo Azuero, presidente de la Comisión Multipartidista, indicó que seguirán el debido proceso y, en el caso de que no se presente, esperarán tres días, tal como establece la normativa.
La asambleísta justificó su decisión amparada en el artículo 77 de la Constitución, sobre la obligación de declarar, así como por una posibilidad de afectar su defensa en la investigación previa que se sigue en la Fiscalía General, por este mismo tema.
Vallejo también pidió que se excuse Ana Galarza, integrante de la Comisión, por, supuestamente, haber anticipado criterio. Su pedido fue negado. Azuero aclaró que la Comisión realiza una investigación, con la que se elabora un informe no vinculante, mismo que será sometido a consideración del Pleno.
En el audio se escucha una conversación, al parecer, de la asambleísta con quienes laboraban en su despacho. Se habla de aportes, organización de eventos, invitados, preparación de documentos, responsabilidades que tienen, planificación, entre otros temas.
De la legalidad del audio habló Felipe Rodríguez, abogado de los asesores denunciantes. Aseguró que no se necesita autorización de un juez cuando quien graba es uno de los intervinientes. Explicó que, a nivel jurídico, han planteado la configuración de enriquecimiento ilícito, perjurio, defraudación tributaria, peculado y que introducirán una nueva: extorción.
Para él la actuación de la parlamentaria ha incumplido los numerales 1, 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre las prohibiciones de los asambleístas.
Carlos Flores, uno de los asesores denunciantes, confirmó que se les solicitaba contribuciones y que fue separado del cargo por no estar de acuerdo con esta actividad.
Norma Villavicencio, ex asistente del despacho, ratificó que se realizaban cobros y que se le dispuso a ella la recolección, que servía para pagar eventos y deudas.
LILA/pv
