En el contexto de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la Comisión de Justicia enfocó, este lunes, el debate en los temas de despenalización del aborto en casos de violación y la legalización del cannabis para uso medicinal. Para tal efecto, recibió las opiniones del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y al Colectivo Ecuador Canábico, entes que coincidieron en que estas materias deben trabajarse desde una visión técnica y jurídica.
La asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta de la mesa, dijo que el debate de estos asuntos de interés y preocupación nacional será abierto, amplio, plural, respetando, en todo instante, las diferentes concepciones que tienen las personas, sin caer en discursos demagógicos.
Paola Mera Zambrano, secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, respaldó la propuesta del aborto no punible en casos de violación, incesto y estupro, tomando en cuenta la situación de la criminalización de las víctimas de delito sexual, el embarazo adolescente y la institucionalización de la criminalización de la pobreza.
Expuso que la transición intergeneracional de la pobreza contribuye directamente en la problemática del embarazo no intencionado. Los embarazos adolescentes suceden en todas partes del mundo, sin embargo, la niñas sin educación, de minorías étnicas, de grupos marginados, de áreas remotas, de población rural, tienen tres veces más riesgos de quedar embarazadas frente a sus pares educadas y de zonas urbanas, debido a la falta de información sobre educación sexual integral.
Mencionó que las mujeres que más abortan en Ecuador son menores de 25 años, de condición pobre y que tienen poco o ningún nivel educativo, tras precisar que la vigente norma penal, en este momento, las oprime como minorías y, es más, al no contar con acceso a servicios públicos para practicarse un aborto ponen en riesgo su integridad y vida, pues se ven obligadas al acudir a centros clandestinos, con el temor de ir a la cárcel.
Cannabis medicinal
Gabriel Buitrón y Andrés Moreno, del Colectivo Ecuador Canábico, hablaron de definir, acorde a las disposiciones constitucionales, a las adicciones como un problema de salud pública, ante el cual el Estado debe desarrollar programas de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación.
Se mostraron partidarios de establecer las cantidades admisibles para uso y consumo de la droga, que los consumidores puedan acceder a espacios públicos y que el uso del cannabis no solo se restrinja a enfermedades catastróficas, sino que se amplíe para cualquier padecimiento que se pueda enfrentar con ese producto.
Protección animal
La Comisión de Justicia escuchó, además, a Hugo Echeverría y Lorena Bellolio, de Protección Animal Ecuador (PAE). Ellos sugirieron que la infracción relacionada con el maltrato animal pase a ser considerada como delito y que en la reforma penal se incorpore el abandono del animal como contravención, recogiendo la legislación española, en razón de la problemática social que esto ha generado.
MG/eg
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