La Comisión de Justicia intensificó el tratamiento de las reformas penales, en especial el tema de la despenalización del aborto en casos de violación. Importantes insumos para la construcción del informe recibió por parte de César Paz y Miño, médico genetista, Julián Cruzalta, sacerdote mexicano y Nidya Pesántez, de ONU Mujeres.
Paz y Miño expuso los graves riesgos que se pueden generar en la estructura genética, las violaciones a mujeres por parte de personas de su entorno familiar o por desconocidos, lo que incide, a su vez, en críticos problemas de salud pública.
Precisó que el cruce de genes conlleva anomalías cromosómicas, alteraciones genéticas, malformaciones, contagio de enfermedades, que el feto sea portador de actitudes violentas, en cualquier embarazo y en cualquier mujer, tras precisar que el Programa Manuela Espejo determinó el grado de consanguinidad que existe en las personas con discapacidad en Ecuador.
Sugirió promover una educación sexual más amplia, definir el acceso a anticonceptivos y, lo que es más, posibilitar la interrupción del embarazo con prácticas terapéuticas efectivas que protejan la integridad de la mujer y su decisión sobre el tema, tomando en cuenta los conflictos irreversibles que generan.
En tanto, el sacerdote mexicano Julián Cruzalta habló de los derechos sexuales y reproductivos y en esa línea, el derecho de las mujeres a tomar decisiones en cuanto a un embarazo no deseado y del Estado a promover legislaciones dentro de la ética pública, sin presión de ninguna concepción religiosa.
Despenalizar el aborto no significa obligar, si una mujer, por creencias religiosas, prefiere no practicarlo, nadie le puede obligar, enfatizó. No se puede criminalizar el tema, más aún cuando Naciones Unidas ha señalado que obligar a una persona a continuar con un embarazo que no quiere es sinónimo de tortura y Ecuador no puede tener la tortura en su sistema legal, agregó.
Dijo que la despenalización está en vigencia desde hace 10 años en México, al igual que en Italia y otros países. No se ha registrado un solo fallecimiento de mujeres en la ciudad de México a raíz de la puesta en marcha de la figura, ya que la interrupción se hace en base a procedimientos técnicos y científicos, agregó.
Nidya Pesántez, de ONU Mujeres, comentó que la incidencia de la despenalización del aborto se traduce en una disminución de abortos inseguros, que provocan un aumento de ingresos hospitalarios por complicaciones y muertes derivadas de procedimientos clandestinos. En América Latina, por ejemplo, el 95 % de abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras con graves consecuencias para la salud de la mujer en términos de mortalidad y morbilidad.
Los tratados internacionales definen mecanismos para eliminar la discriminación contra la mujer, atención integral de la salud, la prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual, a fin de reducir, precisamente, las tasas de mortalidad derivada de la maternidad sin riesgo. También, fijan la necesidad de enmendar la legislación que castiga el aborto y abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a este tipo de prácticas, enfatizó.
MG/pv
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