La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió más sugerencias en torno al aborto en caso de violación en el marco del debate del borrador de informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. En esta ocasión fueron escuchadas catedráticas y representantes de organizaciones no gubernamentales de mujeres.
Alejandra Cárdenas, docente e investigadora de la Universidad de las Américas, dijo que el Estado tiene obligaciones internacionales que generan responsabilidades. “Se debe garantizar los derechos humanos y esto implica establecer políticas públicas y transformar las normas, además de la prevención, investigación, sanción y reparación".
Recordó que el Relator Especial de la ONU sobre tortura señaló que el mantener la penalización del aborto en casos de violación se puede equiparar a la aplicación de torturas, lo que genera un impacto negativo para la salud pública.
La violación es un delito que presenta un tipo de violencia de género contra la mujer y por ende debe estar contemplado que la mujer que se embarace como producto de violencia debe tener el derecho a elegir a abortar de una forma legal, segura, pública y gratuita, dijo Marcella Da Font, catedrática de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad de las Américas, al asegurar que el tratamiento del tema debe ser abordado desde las problemáticas que enfrenta la sociedad. El Estado debe dar una solución legal y la posibilidad de elegir, añadió.
También sostuvo que dentro de la estadística no se evidencia que la penalización o ciminalización del aborto disminuye la cantidad de abortos efectivamente realizados, a la vez que indicó que Ecuador es un país en el que hay muchas madres jóvenes y niñas entre 14 y 18 años, convirtiéndose en el tercer país de la región en embarazo en maternidad precoz.
Betty Tola, vocera de la Plataforma Mujeres caminando hacia la Igualdad, informó que en el país 1 de cada 4 mujeres son víctimas de violencia sexual; 13.900 mujeres fueron abusadas sexualmente en los últimos 3 años; cada día 3 niñas denuncian una agresión sexual, tema que ha estado pendiente en la sociedad ecuatoriana, en la política pública y sobre todo de las definiciones de las normas.
Informó que según reportes de la gaceta de muerte materna del Ministerio de Salud Pública en lo que va de 2018, hay 111 de casos de muertes maternas, de estas 15 corresponden a adolescentes de entre 10 y 19 años, es decir el 13 %; de estas, 3 muertes son de niñas entre 10 y 14 años; y, 12 de adolescentes entre 15 a 19 años, lo que demuestra la necesidad de modificar la norma penal.
Paulina Vercoutere, también de la Plataforma de Mujeres, expresó que como organizaciones feministas van a caminar hasta conseguir la soberanía y autonomía total de sus cuerpos. Hay que pensar y legislar para la mayoría de mujeres, niñas y adolescentes, subrayó la dirigente al advertir que este es un tema donde persisten las diferencias económicas, porque las que tienen posibilidades se salvan y las que no mueren.
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