Dos temas concitan el interés de la Comisión de Régimen Económico serán tratados en la sesión prevista para este miércoles a partir de las 14:30. El uno tiene que ver con la fiscalización de la concesión que mantiene la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar con Yilport Ecu S.A. y para el efecto, citarán a distintas autoridades para conocer sobre este particular; el otro tema es iniciar el tratamiento del proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero.
Puerto Bolívar
Cabe recordar que los principales representantes de la Autoridad Portuaria del Puerto Bolívar y de la multinacional turca Yilport Holding firmaron el contrato de concesión de la terminal marítima de Puerto Bolívar, en El Oro, bajo la modalidad de alianza público-privada.
La concesión comprende el diseño, equipamiento, ejecución de obras adicionales, operación y mantenimiento para convertir a Puerto Bolívar en una plataforma logístico-portuaria con estándares de eficiencia internacional que satisfaga las demandas y necesidades del comercio exterior.
Desde Puerto Bolívar se exporta principalmente banano, en 96%. El 4% restante corresponde a envíos de piña, mangos, frutillas, mariscos, entre otros productos.
En este marco, el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz indicó que es necesario hacer un seguimiento a esta concesión para conocer los avances de las obras.
Reformas Código Monetario
También, en la sesión 77 de la comisión, los parlamentarios avocarán conocimiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, presentado por el asambleísta Esteban Bernal, que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa. El legislador Bernal participará en la sesión para explicar el alcance de su propuesta.
El proyecto contiene 14 artículos que buscan solucionar los problemas normativos que existen en los procesos de liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito.
La propuesta reforma las causales para el incumplimiento del programa de supervisión intensiva establecido por el organismo de control; además, modifica las funciones del liquidador; dispone que el fiduciario tendrá hasta dos años desde la transferencia al fideicomiso para enajenar los activos y pagar los pasivos, entre otros aspectos.
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