El Pleno inició el primer debate del proyecto de Ley de Recuperación de Capitales, de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, con la ponencia del titular de la Comisión de Participación Ciudadana, Héctor Yépez.
La recuperación de capitales es aplicable a los delitos en los que existe perjuicio patrimonial contra el Estado ecuatoriano o cualquiera de sus instituciones, en todas las funciones y niveles de gobierno.
Asimismo, se aplicará contra cualquier persona que haya participado, en cualquier grado, en la comisión de tales infracciones, sea como servidor público, contratista, testaferro, sujeto privado o cualquier otra calidad.
Precisó que la recuperación de los recursos del Estado que han sido desviados en actos de corrupción, serán destinados a inversión social.
La propuesta tiene como objetivo combatir la impunidad y corrupción, localizar los recursos para recuperarlos, para el efecto se pueden apoyar las personas que participaron de manera directa o indirecta en los delitos previstos en esta ley.
El parlamentario mencionó que para estructurar el informe para primer debate se contó con la participación de la proponente, Consejo de Participación Ciudadana, Comisión Nacional Anticorrupción, juristas, académicos, Colegio de Abogados de Pichincha, representantes de la Asamblea de Jubilados del Ecuador, Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, entre otros.
Mencionó que el proyecto prevé un proceso administrativo para la recuperación de capitales, de modo que cualquier persona puede presenta ante el Consejo de Participación Ciudadana la denuncia fundamentada. Dicho Consejo acredita a los Equipos Técnicos Especializados, lo que tienen como misión investigar, detectar, ubicar y recuperar los capitales. Concluida la investigación, este Equipo Técnico entregará los resultados al Consejo de Participación Ciudadana y este elabora el informe.
Si el Consejo de Participación Ciudadana en su informe resuelve que existe mérito suficiente en la investigación, dispone el inicio de las acciones ante la Fiscalía, Contraloría o instituciones correspondientes.
Los Equipos Técnicos Especializados, con la finalidad de recuperar los capitales, deberán otorgar los datos concretos para que el Estado recupere los capitales; además, recibirán un incentivo económico que no puede superar el 20% de lo recuperado.
Subrayó que los capitales recuperados se destinarán a programas de interés social. Si el delito perjudicó a una institución pública independiente de la Función Ejecutiva, los capitales recuperados se destinarán a dicha institución.
Finalmente, precisó que la normativa protege a los informantes que tendrán derecho al anonimato, la reserva de su información personal y la solicitud de medidas de protección para sí mismo, para su cónyuge y parientes por consanguinidad hasta primer grado.
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