Las concesiones y catastro minero fue el tema que ocupó el debate en la Comisión de Participación Ciudadana. Para abordarlo invitó a Andrea Cárdenas, directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
La funcionaria dijo que se realizan controles a nivel nacional y que el catastro se cerró en enero de este año y al 13 de noviembre el Sistema de Gestión Minera registra 4.782 derechos mineros. Aseguró que a partir de enero no se han entregado más concesiones, sino que únicamente se han tramitado los que estaban en solicitud, antes de la disposición presidencial, sobre el levantamiento del catastro, en diciembre de 2017.
Ante las inquietudes del asambleísta Absalón Campoverde en el sentido que en Zamora Chinchipe se desarrolla la minería ilegal, Cárdenas, que lleva dos meses en el cargo, confesó que se están tomando los correctivos necesarios.
Sostuvo que esta entidad debe cumplir su objetivo de controlar estas malas prácticas, que afectan al Estado, al medio ambiente y a las comunidades. Sin embargo, hizo un llamado a los ciudadanos para que concluyan los trámites y puedan trabajar de manera legal.
No obstante, para Campoverde el problema es de las instituciones que imponen exagerada tramitología y ponen trabas a la ciudadanía. “No es que la gente, los mineros artesanales y pequeños mineros no quieren cumplir”, añadió.
Sobre la problemática de la minería en Imbabura, consultada por el asambleísta Marcelo Simbaña, la funcionaria indicó que trabajan de manera articulada con varias instituciones, porque la situación en ese sector trasciende el tema minero y ha traspasado a la delincuencia organizada.
A Simbaña le inquieta saber si el Estado conoce y es consciente de toda la problemática que se ha producido en esa zona, sobre todo en Buenos Aires-Imbabura, en donde, según él, es “un verdadero campo nazi”.
Aseguró que en el lugar han habido derrumbes de socavones y gente que ha quedado enterrada, así como problemas sociales. El parlamentario cree que se requiere una intervención integral del Estado y la Agencia dar directrices, en lo que le corresponde.
Ante las dudas generadas, la Comisión resolvió llamar a las diferentes autoridades que tienen que ver con el otorgamiento de concesiones y permisos mineros y de control de la actividad.
LILA/pv
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