La Comisión de Relaciones Internacionales invitó a Lola Valladares, oficial de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos de Fondo de Población de las Naciones Unidas; y, a Alonso Bustos, de la Red Nacional de Personas Adultas Mayores del Ecuador, quienes consideraron de vital importancia la aprobación de la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, ya que se deben establecer acciones para maximizar oportunidades de las poblaciones en proceso de envejecimiento.
Lola Valladares subrayó que el envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas en el siglo XXI. Tiene repercusiones importantes y de vastos alcances en todos los aspectos de la sociedad. A escala mundial, cada segundo, dos personas cumplen 60 años, es decir, el total anual es de casi 58 millones de personas. En el 2050, habrá por primera vez, más población adulta mayor que niños menores de 15 años, dijo.
Sobre Ecuador, destacó el bono demográfico, fenómeno que se da dentro del proceso de transición en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente (niños y adultos mayores), por tanto, el potencial productivo de la economía es mayor.
Ecuador disfruta de este bono demográfico desde 1975, con un máximo histórico alrededor de 1995, el cual desaparecerá alrededor del 2055. A partir de ese año, el país tendrá un dividendo negativo, es decir, que la producción deberá crecer más rápidamente para cubrir la evolución adversa de la estructura por edades (envejecimiento) de la población, agregó.
Para maximizar oportunidades de las poblaciones en proceso de envejecimiento hay que preparar a todos los actores (gobiernos, sociedad civil y sector privado, comunidades y familias) para fortalecer la comprensión, así como las capacidades nacionales y locales, estableciendo normas legales, políticas económicas y sociales, que permitan adaptar las sociedades a un mundo en proceso de envejecimiento.
Entre las principales acciones sugiere: asegurar que las poblaciones adultas puedan vivir en condiciones de dignidad y seguridad, con acceso a servicios sociales y de salud; ayudar a las comunidades y familias a establecer sistemas de apoyo que aseguren atención de larga duración que promuevan un envejecimiento activo y en condiciones saludables; apoyar esfuerzos internacionales y nacionales encaminados a efectuar investigaciones compartidas sobre envejecimiento y asegurar que los datos y evidencias, con sensibilidad de género y cuestiones socio-culturales, estén disponibles para basar en ellos la formulación de políticas.
De inmediato, los parlamentarios escucharon a Alonso Bustos, quien aseguró que el Plan del Milenio dirigido para las personas adultas mayores no se ha cumplido y, en muchos casos, la situación ha empeorado.
Es necesario que todos los estados de la región adhieran a la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como la aprobación definitiva de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, lo cual permitirá, no solo el cumplimiento de los objetivos particulares y organizacionales de las personas adultas mayores, sino que creará las condiciones para continuar aportando a la búsqueda del bien común de todas la sociedad, concluyó.
JLVN/eg
Más fotografías:
