La segunda jornada del Seminario Internacional sobre Desaparición Involuntaria de Personas se cumplió este viernes en la Asamblea, encuentro en el cual expositores de Colombia y Chile compartieron sus experiencias. La Fiscalía General del Estado de Ecuador también presentó datos del trabajo que realiza sobre esta problemática.
Ruth Palacios, fiscal encargada, mencionó que en 2017 se creó la Unidad Especializada de Investigación de Personas Desaparecidas en las provincias del Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Azuay y Pichincha, que funcionan de manera desconcentrada para la investigación de desapariciones voluntarias e involuntarias de personas nacionales y extranjeras en el territorio ecuatoriano.
Precisó que en las jurisdicciones donde no existe dicha unidad, esta labor es cubierta por los Fiscales del Sistema de Atención Integral (SAI) y Fiscalías Multicompetentes, al destacar la importancia y contenido del proyecto de Ley de Actuación Integral en Casos de Personas Desaparecidas, que ya fue remitida a la Asamblea.
La propuesta tiene como objetivo establecer las actuaciones de las instituciones estatales vinculadas a la protección de los derechos de las personas desaparecidas, ausentes o extraviadas y garantizar una respuesta efectiva a sus familiares.
Diana Arango, politóloga colombiana, de la organización Equitas, saludó la decisión de la Asamblea de Ecuador de trabajar en un cuerpo normativo sobre este fenómeno, al recordar que su país lleva más de 50 años de conflicto armado con distintos actores: grupos paramilitares, guerrilleros e incluso hasta la fuerza pública, lo que ha generado graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Según el registro nacional consolidado, la cifra estaría en 134.224, de ellas 27 mil forzadas y 103.000 que no se sabe en qué condiciones desaparecieron, lo cual significa una verdadera tragedia.
El desarrollo legislativo tan solo surge a partir del 2000, manifestó, al tiempo de señalar que las autoridades judiciales y policiales mantienen, en contradicción con la ley, el concepto de esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, sin considerar que esas horas son cruciales para recuperar un persona con vida y determinar las circunstancias del caso.
El registro, continuó, no debe quedarse en un tema de cuantificación, sino generar confiabilidad de sus cifras, rigurosidad en términos de cómo entra la información, las historias de las personas, en qué zonas se encontraban, el tránsito que tomaron, entre otros.
Alexander Sierra, antropólogo e investigador asociado del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos, expresó que en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas es muy frecuente la revictimización que evidencia precariedad en materia investigativa. La trata de personas es un fenómeno en constante crecimiento, aunque localizado en determinadas regiones y poblaciones, las víctimas suelen ser en un 70 % mujeres y niños, subrayó.
MG/eg
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