La Comisión de Derechos Colectivos resolvió -en informe para segundo debate- eliminar la Supercom, sus atribuciones, procedimientos y resoluciones; los códigos y normas deontológicas, el linchamiento mediático, el derecho a la réplica, el consejo consultivo, las medidas administrativas y el defensor de las audiencias.
Determinó respetar la profesionalización y protección a los trabajadores de la comunicación, la distribución del espectro radioeléctrico e incluyó la autorregulación de los medios, el informe previo del Consejo de Regulación para la autorización de frecuencias, entre otros aspectos que fueron ampliamente debatidos en el seno de la comisión.
No todos los legisladores estuvieron de acuerdo con el informe preparado para segundo debate, razón por la que los legisladores Marcela Holguín, Carmen García y José Chalá elaboraron un informe de minoría.
El presidente del organismo legislativo, Jorge Corozo, clarificó que las competencias de la Superintendencia de Comunicación no se trasladan a la Defensoría del Pueblo, se eliminan las sanciones administrativas, punitivas y las económicas. Es decir, se trabajó para defender los derechos de los comunicadores y de la sociedad civil, cualquier conflicto evidenciado se enviará a los jueces civiles.
En cuanto a la asignación de frecuencias, aseguró que se respetará el 34% destinado a los medios comunitarios y que hay la posibilidad de que el 66% restante sea distribuido entre medios públicos y privados. Este tema será tratado mediante una reforma enviada al Ejecutivo, ya que los medios públicos no utilizaron el 33% establecido por la ley, así se daría mayor oportunidad a los medios privados para que puedan adquirir una frecuencia.
La legisladora Jeanine Cruz sostuvo que el informe especial de la Contraloría es contundente porque determina que se debe que dejar sin efecto el concurso para la adjudicación de frecuencias, pero hay una excepción para los medios comunitarios que sí cumplieron a cabalidad con los requisitos al someterse al concurso. Este tema se discutió en la Comisión y será trasladado al debate en el Pleno para tomar una resolución, agregó.
Recordó que, lamentablemente, en el pasado se adjudicaban las frecuencias a “los amigos”. Aseveró que se precisa rever esta situación porque no se puede entregar las frecuencias a “los mismos”. Precisó que los concursos deben que ser transparentes.
César Carrión, vocal de la Comisión, indicó que desde que se inició el debate sobre las reformas a la Ley de Comunicación, se acogió el pedido mayoritario de todos los sectores de eliminar la Supercom. Subrayó que se eliminaron las normas y el código deontológico porque solo hacían recomendaciones cívicas y morales que no caben en la Ley de Comunicación.
Manifestó que los mecanismos de autorregulación constan incluso en los instrumentos internacionales. La censura previa no puede darse mientras no exista un análisis profundo del concepto de la información, aclaró.
Tito Puanchir resaltó la decisión de la comisión, así como de los actores y autoridades de entidades vinculadas a la comunicación, quienes consideraron oportuno respetar la distribución del espectro radioeléctrico, con el 33% para medios públicos, 33% para los privados y un 34% para los comunitarios. Al referirse al informe especial de la Contraloría sobre el concurso para la adjudicación de frecuencias, señaló que la voz de los sectores comunitarios debe respetarse.
JLVN/ds
