La defensora del Pueblo, Gina Benavides, acudió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a fin de presentar sus opiniones en torno a la despenalización del aborto en casos de violación o incesto. Esto como parte de la discusión de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Consideró que el tema es sensible y complejo, por lo que es importante abrir un debate amplio, plural y democrático a nivel nacional. Precisó que los diversos órganos de Naciones Unidas, específicamente en materia de derechos humanos, se pronunciaron por recomendar que los estados respeten y garanticen el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
Argumentó que la organización, luego de múltiples estudios, puso de manifiesto la situación de riesgo en que se encuentran las mujeres víctimas de violación, ya sean adultas y sobre todo niñas y adolescentes, por lo que amerita implementar un proceso de despenalización en casos de violación o incesto. Incluso los comités de Naciones Unidas han alertado que forzarle a una mujer violada a tener un niño constituye una forma de tortura, trato cruel y degradante.
Es fundamental, continuó, adecuar nuestra normativa interna al marco constitucional y también a los estándares internacionales de protección; no se está propugnando que el aborto sea un método anticonceptivo, que toda mujer, más aún que haya sido violada y quedó embarazada automáticamente aborte. Lo que se está reivindicando es el derecho de la mujer a decidir, no que se le imponga, pues en el momento que se le criminaliza se le está imponiendo, se le dice que pese a que ha sido violada debe tener ese niño, agregó.
Enfatizó que se requiere garantizar el respeto a la decisión de las mujeres y que esas decisiones sean informadas, claras y que el Estado dote de los mecanismos prácticos para que ninguna mujer tenga que llegar a sufrir una violación y las consecuencias de un embarazo.
Concluyó que el asunto tiene que ser analizado y discutido no desde una perspectiva moral, sino desde una visión que se basa en las condiciones de riesgo que viven las mujeres, que determinan para ellas la necesidad de una protección estatal reforzada.
MG/ds
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