El Pleno de la Asamblea debatió la solicitud del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en el sentido de denunciar el Convenio entre los gobiernos de Ecuador y Chile para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en su informe, luego de un estudio exhaustivo, recomendó al Pleno la aprobación de la denuncia de este documento, por cuanto transgrede la disposición del artículo 422 de la Constitución, en el sentido que no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Concluye que el Convenio entre los gobiernos de Ecuador y Chile para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones es lesivo a los intereses nacionales, pues somete al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución de conflictos, desconociendo la jurisdicción ecuatoriana.
En su intervención, el presidente del organismo legislativo, Fernando Bustamante, reiteró que la denuncia de tratados es un mecanismo viable, dentro del derecho internacional, previsto inclusive dentro de los propios convenios, más si se considera que los instrumentos que se refieren a la protección recíproca de inversiones responden a un contexto político, económico y constitucional distinto al vigente desde octubre del 2008, en que entró en vigencia la Constitución.
Entre tanto, asambleístas de varias tendencias políticas insistieron en que la denuncia de tratados comerciales puede generar efectos negativos para el país, por cuanto la inversión nacional y extranjera es indispensable para potenciar el desarrollo. Si se dan por terminados los convenios de promoción de inversiones, con Chile o con cualquier otro país, también se afectan nuestros compatriotas que tienen negocios con esos estados.
Por ello, consideraron que sería conveniente buscar mecanismos que permitan reformar esos convenios, en aquellas cláusulas que se contrapongan a la Constitución, para mantener inalterables las relaciones bilaterales con países hermanos como Chile.
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