Después de seis horas de debate y con la intervención de más de 30 asambleístas, el proyecto de Reformas a la Ley de Comunicación fue aprobado con 75 votos. Mediante este cuerpo legal, se promulga el manejo transparente de la información y se suprimen todas las disposiciones punitivas. Esto, con la finalidad de garantizar los derechos a la comunicación establecidos en instrumentos internacionales y la Constitución. El documento será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para su sanción u objeción.
“En virtud de devolverle al país la libertad de expresión, la palabra, el entusiasmo a los medios de comunicación y a los periodistas para que puedan hacer efectivo el pleno goce de la libertad que les caracteriza, se aprueban estas reformas”, subrayó Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, quien elaboró el informe.
El documento modifica el 76% de la norma vigente desde 2013. La eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), de la figura de linchamiento mediático, la responsabilidad ulterior, los códigos y normas deontológicas son los principales cambios.
Ninguna medida administrativa existirá en la Ley, han sido eliminadas las sanciones administrativas, punitivas y económicas.
También se incorporó al proyecto de ley una disposición para que se llame a un nuevo concurso público para adjudicar frecuencias de radio y televisión, a partir de la resolución de la Contraloría al determinar que el concurso iniciado por el régimen anterior tuvo irregularidades. Se garantiza además que la comunicación será un derecho y no un servicio, así como la democratización de la comunicación.
La propuesta ratifica la profesionalización de la comunicación para quienes desempeñen actividades periodísticas de forma permanente en los medios. La excepción de esta medida se aplicará a las personas que tengan espacios de opinión y en medios comunitarios.
Está encaminada a la protección de los trabajadores de la comunicación que por sus actividades ponen en riesgo sus vidas y la de sus familiares, mediante la aplicación de protocolos elaborados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, en articulación con las instituciones pertinentes.
El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) será el encargado de vigilar y controlar los contenidos comunicacionales, pero sin capacidad sancionatoria, como la Supercom. El organismo elaborará informes técnicos en caso de encontrar información discriminatoria, violenta o sexualmente explícita.
En este segundo debate se hicieron nuevos planteamientos que se incluyen en el documento, entre ellos, que se mantenga el 60% del espacio para la producción audiovisual nacional.
Asimismo, recoge las propuestas de la ministra de Salud, de la asambleísta Viviana Bonilla y del presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, en el sentido que los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas.
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