Más del 60% de las leyes aprobadas en este año tuvieron un enfoque de sociedad y democracia, tal como planteó la Asamblea en en su Agenda Legislativa Priorizada. De las 12 leyes que tienen este enfoque, el 50% se aprobó por unanimidad.
Los acuerdos prevalecieron para fortalecer derechos como el de educación, comunicación, cultura, seguridad, ambiente sano, acceso a la vivienda, al trabajo, participación social, vida digna; bienestar de personas jubiladas y grupos vulnerables; fortalecimiento de la democracia; y transparencia.
Las reformas a la Ley de Comunicación y la ley que promueve la institucionalización del Festival Artes Vivas de Loja se aprobaron al cierre del año. La primera busca el pleno ejercicio de la libertad de expresión, así como concursos transparentes para la adjudicación de frecuencias y, la segunda, que dicho Festival tenga un enfoque nacional para promocionar la cultura, identidad, talentos, generación de empleo, turismo en varias provincias del país.
Educación y protección prioritaria a los derechos de las personas adultas mayores fue otro de los temas tratados. Con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes) y el proyecto que busca crear la Universidad del Río en Guayaquil, se amplía la oportunidad para que más jóvenes pueda acceder a la formación superior. En los dos casos se estimula el otorgamiento de becas.
Las reformas a la Loes establecen que el examen Ser Bachiller no será el único requisito, sino se considerará también otros, como el récord académico. También habrá más oferta, con el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica.
Para los jubilados del seguro social campesino se incrementó la pensión de 65 a 100 dólares, mientras que para los del magisterio se posibilitó el recibir el estímulo por su retiro, a partir de octubre de 2008. Para los adultos mayores debe existir corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para garantizar sus derechos. Recibirán la exoneración del 50 % en los servicios básicos y la gratuidad en el tratamiento de sus enfermedades.
En cambio, la Ley Amazónica posibilitará que esta región cuente con más recursos desde 2019. El 4% de la venta de cada barril de petróleo será para la Amazonía. En tanto, la Ley para erradicar la violencia contra las mujeres permitirá que todas las instituciones del Estado trabajen de forma permanente para prevenir, atender, proteger y reparar los derechos de quienes que han sido violentadas.
Con la Ley de la Defensoría del Pueblo se busca promover los derechos humanos y de la naturaleza para prevenir la violación de los mismos. Fortalece la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo para que sea independiente y autónoma, preste servicios de calidad y promueva la defensa de quienes defienden todos los derechos.
El verdadero poder popular fue robustecido con las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, que determina que los consejeros de esta entidad deberán ser elegidos por voto popular.
Mediante la Ley de Lucha Contra la Corrupción se propone acabar con la impunidad. Se trata de otro eje de acción planteado por el Parlamento ante la compleja situación política que atraviesa el país. La normativa amplía el alcance de la figura de retención de bienes contra quienes han incurrido en actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos, sin necesidad de un informe previo de la Contraloría General del Estado.
LILA/ds
