La Asamblea Nacional legisla para 17 millones de ecuatorianos, por ello, en 2018 estableció -por primera vez- una Agenda Legislativa Priorizada y Consensuada que determina tres ejes de trabajo en beneficio de niños, niñas, adultos mayores, mujeres, obreros, maestros, estudiantes; una tarea que va más allá de responder a una coyuntura política o económica.
La Agenda Legislativa Priorizada es un ejercicio democrático que logró establecer una hoja de ruta consensuada para aprobar por unanimidad iniciativas como la Ley Orgánica de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que prevé la protección integral de sus derechos y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para garantizarlos.
Las reformas a la Seguridad Social establecen el mejoramiento de la vida de los campesinos. La Ley Amazónica fue aprobada para lograr una planificación y dotación de recursos para la salud, educación, servicios básicos y vivienda de sus habitantes. Mientras que con la Ley Interpretativa para el pago de Incentivos Jubilares, los retirados tendrán derecho a recibir el estímulo, según los años de servicio.
Con la Ley de Polos de Desarrollo se busca incentivar las actividades productivas, generar empleo y disminuir la desigualdad. Asimismo, la Ley de Desarrollo Fronterizo se constituye en una respuesta histórica frente al abandono de sus cantones, ofrece mecanismos que precautelan la soberanía; los recursos naturales; la interculturalidad y los derechos de las personas y colectivos de esas áreas.
En 2018, el Ejecutivo vetó la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional; y, objetó parcialmente la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley Amazónica, la Ley Reformatoria a la Ley de Educación Superior, la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, la Ley de Fomento Productivo, la Ley del Adulto Mayor y la Ley Reformatoria del Código Integral de Procesos.
En total, 19 leyes han sido aprobadas por los parlamentarios, pues su labor se fundamenta en la protección de los derechos de las personas. La Asamblea Nacional ratifica su compromiso con la ciudadanía en su tarea de legislar y fiscalizar en 2019, priorizando las necesidades de la sociedad en su conjunto.
