En la continuación del primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Pleno de la Asamblea recibió en comisión general a varias entidades y organizaciones sociales, quienes expusieron sus puntos de vista en torno a los cambios propuestas en materia penal, particularmente, en lo relacionado con el aborto no punible en caso de violación.
Así, Paola Mera, secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, destacó que el debate está en la defensa del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. “Aquí tenemos que distinguir entre quiénes están a favor de la vida digna de niñas y mujeres que han sido víctimas de violación, pues quienes deben recibir una sanción son los victimarios y no las víctimas”, enfatizó.
Mientras, Gina Benavides, defensora del Pueblo encargada, consideró importante participar de este proceso y asesorar para que la legislación del país esté acorde con los principios e instrumentos de derechos humanos. En Ecuador hay riesgo en ser mujer, hay embarazos adolescentes, hay violación, hay una vulneración permanente de los derechos de las mujeres y cinco comités de Naciones Unidas se han pronunciado y han sugerido que se despenalice el aborto en caso de violación e incesto, añadió.
Entre tanto, Jaime Arturo Pallares, el Colectivo Provida, exhortó a que se debate el aborto en su verdadera dimensión, pues a su criterio es un negocio, que no paga impuestos, que no entrega facturas. “El aborto en caso de violación tiene un culpable, sancionémoslo; tiene dos vidas en peligro, respetémoslas”, aseguró.
Para Carlos Arsenio Larco, del Movimiento Vida y Familia, se requiere un debate serio acerca de la problemática relacionada con el abuso y la violación contra niñas, niños y adolescentes y sus consecuencias, pero no sobre la base de la interrupción del embarazo.
También intervino Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, para presentar un conjunto de reformas al COIP, en temas relacionados con el sistema de protección de los derechos de la mujer, el femicidio y delitos contra los derechos reproductivos, con énfasis en reformas a las competencias, porque ha habido problemas en las unidades de violencia de género, al momento de tramitar todos los casos de violencia intrafamiliar.
Adicionalmente, los legisladores recibieron a delegados de los ganaderos de la sierra y de la costa, quienes solicitaron que se incluyan normas específicas que permitan combatir eficazmente el abigeato (robo de ganado), que afecta al sector productivo del país.
Luego de varias intervenciones de asambleístas de distintas tendencias políticas, Elizabeth Cebezas Guerrero, suspendió la sesión, misma que se retomará oportunamente.
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