Varios cuestionamientos recibió el proyecto de Ley Anticorrupción, enviado por el Ejecutivo, durante el primer debate. Según explicaron algunos legisladores, la iniciativa mezcla figuras jurídicas, confunde facultades de las diferentes funciones del Estado y establece mecanismos poco efectivos para combatir la corrupción.
Sin embargo, rescataron la propuesta de que se pueda compensar a la persona que denuncie un acto de corrupción, aunque no se evidenció un consenso en el porcentaje que propone el Ejecutivo entregar: el 20% del monto recuperado.
Esta recompensa, de acuerdo con la propuesta, se entregaría bajo los parámetros establecidos en un Acuerdo Ministerial a cargo de la Secretaría del Interior, pero para los asambleístas esta facultad le corresponde a la Fiscalía, que es la encargada de llevar la investigación procesal.
Observaron que la cooperación efectiva y la suspensión de la pena son dos figuras penales totalmente diferentes, pero que el Ejecutivo las fusiona, lo que causa confusión, manifestaron.
Incluso alertaron que podría incurrir en vicios de inconstitucionalidad, porque incorpora elementos que constan en la Ley de Lucha contra la Corrupción, aprobada por unanimidad el 14 de agosto del 2018, por parte de la Asamblea y que fue vetada totalmente por el presidente de la República, Lenín Moreno.
También aseguraron que la posibilidad de recuperar recursos y bienes mal habidos, producto de la corrupción, está regulado en varias leyes vigentes, como el Código Penal. Además, reconocieron que el tema se contempla claramente en el proyecto de Ley de Recuperación de Capitales, de iniciativa de la presidenta del Parlamento Elizabeth Cabezas.
LILA/ds
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