Ruth Palacios, fiscal General del Estado (e), acudió a la Comisión Ocasional que Atiende casos de Personas Desaparecidas, con el propósito de exponer el contenido y alcances del proyecto que aborda este problema, que fue presentado en septiembre de 2018 por Paúl Pérez, mientras estaba al frente de la institución.
Christian Lombeida, asesor de la Fiscalía, precisó que el documento busca establecer procesos articulados entre todas las instituciones públicas relacionadas con el fenómeno, incluida la sociedad civil; ampliar el espectro limitado de actuación; definir las obligaciones, deberes y derechos del Estado, familiares y de las víctimas.
Además, indicó que es fundamental consensuar un procedimiento de registro único de personas desaparecidas, así como fijar procedimientos diferenciados de búsqueda, investigación y localización.
Respuesta integral
El funcionario enfatizó que la normativa especifica las actuaciones de las instituciones vinculadas a la protección de derechos de las personas desaparecidas, ausentes o extraviadas y sus familiares, a fin de garantizar una respuesta integral.
Indicó que se define la situación de desaparición, desaparición forzada, involuntaria, voluntaria, de persona extraviada. También clarifica los términos técnicos de identificación forense: identificaciones humana forenses, por orientación, por certeza, genética y necropsia.
Explicó que se considera persona desaparecida a quien está ausente de su núcleo familiar o entorno habitual, sea por circunstancia de una desaparición voluntaria, involuntaria o forzada, que terminará el día de su localización e identificación. Aseguró que no se suspenderá el estatus de persona desaparecida cuando se haya declarado la muerte presunta, pero sus restos no hayan sido encontrados.
MG/pv
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