El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, Fernando Bustamante, dijo que la nueva Ley de Seguridad Pública y del Estado constituye una enorme innovación, en su propio ámbito, porque “entierra uno de los último legados que quedaban, no del régimen político que estaba consagrado en la Constitución de 1998, sino las últimas herencias del régimen militar que nos gobernó en la década de los 70”.Destacó que se supera la concepción de la seguridad que estuvo plasmada en la doctrina de la seguridad nacional, que en muchas partes de nuestro continente dejó innumerables estelas de dolor, estragos y de destrucción. Por suerte en el Ecuador la fortuna quiso que esos efectos no fuesen tan nefastos, manifestó.
Sin embargo, advirtió que la semilla de esos efectos que floreció en otras partes del continente también estaba en la anterior Ley de Seguridad Nacional, que es derogada por esta ley.
Sostuvo que las observaciones del Presidente de la República contenidas en la objeción en general contribuyen aclarar y mejorar el texto original del cuerpo legal.
Además dijo que es importante definir el rol del Ministro Coordinador de Seguridad, que no puede tener bajo su mando operacional a una entidad ejecutora, como es la Secretaría Nacional de Inteligencia, la que gozará de autonomía.
Expresó que a la comisión le parece importante que se garantice la protección a las personas que operen como agentes encubiertos o como agentes informantes del Estado ecuatoriano. Si no se establecía el anonimato para estas personas, nadie en su sano juicio podría cumplir esta función, porque se pondría en riesgo su seguridad personal.
Así mismo, señaló que la objeción al Art. 43 del proyecto deja la posibilidad de que en situaciones de extrema emergencia las Fuerzas Militares puedan intervenir puntualmente para restablecer la vigencia de derechos seria y urgentemente amagados.
RSA/pv
