Luego que se cerrara la primera etapa de socialización y recepción de aportes y observaciones, que contó con los criterios de múltiples actores sociales, familiares de las víctimas y representantes de entidades estatales, la Comisión Ocasional inició la revisión del articulado del proyecto de Ley Orgánica de Actuación Integral en casos de Personas Desaparecidas.
En primer término, la asambleísta Gabriela Larreátegui, integrante de la mesa, sugirió que el informe se construya con base en una propuesta alternativa distinta a la de la Fiscalía General del Estado, ya que tiene muchas deficiencias para enfrentar la problemática en su conjunto. Inclusive, hizo reparos al calificativo de orgánica.
Dijo que es indispensable establecer, con claridad, el estatus civil y la declaratoria de muerte presunta de un ciudadano desaparecido, que permita facilitar trámites derivados del registro único de contribuyentes (RUC), obligaciones patronales, entre otras. También habló de tipificar el delito de desaparición involuntaria en el Código Penal, que contemple acumulación de penas cuando una persona detiene a otra por años y luego la mata, lo que involucraría delitos de asesinato y desaparición.
Marcelo Simbaña, también parte de la comisión, consideró necesario definir la condición civil del ciudadano cuyo paradero se desconoce, por ejemplo en materia de cuentas bancarias, patrimonio, la condición en que quedan los hijos. Anunció que está listo para patrocinar el proyecto de ley de la Asociación de Familiares y Amigos de personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec).
Comentó que se debe identificar qué ha sucedido con los diferentes casos, si hay delitos inmersos, el origen, la calidad de acompañamiento a los familiares, diagnósticos para determinar la falta de respuestas urgentes a los allegados por parte de la Fiscalía. En todo caso, hay que fijar la obligatoriedad del respectivo presupuesto para impulsar los programas de acción correspondientes, sostuvo.
Título y objeto
La mesa amplió el título: Ley Orgánica de Actuación Integral en casos de Personas Desaparecidas, Ausentes y Extraviadas. Así mismo, definió que es de interés social y tiene por objeto establecer normas para lograr una coordinación adecuada de las instituciones estatales vinculadas a la protección de los derechos de personas desaparecidas, ausentes y extraviadas y de sus familiares, para garantizar una respuesta integral, expedita y efectiva. Dichos cambios los formuló la legisladora Marcela Holguín.
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