Asamblea aprobó normativa que protege los derechos del adulto mayor

Lunes, 28 de enero del 2019 - 11:48 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Los datos sobre la violencia contra el adulto mayor son reveladores. Esta realidad llevó a la Asamblea Nacional a actualizar la normativa que data de 1991 para proteger los derechos de este grupo de atención prioritaria, para lo cual estableció una visión más amplia, con responsabilidad estatal, de la sociedad y la familia.

Datos

Se estima que en Ecuador, actualmente, la población adulta mayor es de un millón  221 mil personas. El 53,13 % corresponde a mujeres y el 46,67 % a varones. Se estima que para el 2021 haya un crecimiento a un millón 358 mil 838 y para 2030,  se aproxime a los dos millones de personas.

Según estudios de Gestión de Conocimiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) existen 522 mil 975 personas adultas mayores en condiciones de pobreza, de las cuales 60 mil 218 se encuentran en situación de extrema  pobreza.

En la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Ecuador 2009-2010) se establece que el 7,2 % de las personas adultas mayores ha sido amenazada; el 4,9 % ha sufrido algún tipo de violencia física; el 14.7 % ha enfrentado algún tipo de violencia psicológica; el 3 % ha sido víctima de violencia sexual; el 2.3 % admite haber sido llevado a un asilo de ancianos bajo amenaza; y, el 14,9 % ha sido víctima de negligencia y abandono.

Ejes del proyecto del Adulto Mayor

La Constitución de la República marcó la ruta para elaborar el proyecto de Ley del Orgánica de las Personas Adultas Mayores y establece nuevos estándares de protección. Se reconocen derechos específicos como la igualdad y no discriminación, obligaciones del Estado, derechos de libertad, vida libre de violencia, atención integral de salud, cuidado diario, seguridad social, protección y atención contra todo tipo de violencia, evitar el maltrato; y, generar mecanismos de infracción y sanciones.

La Comisión de los Derechos Colectivos elaboró un nuevo documento con la participación de adultos mayores, la Defensoría del Pueblo, que envió el proyecto, así como del Patronato Municipal San José y ministerios del Estado, entre otros.

La normativa impulsa el cumplimiento de mecanismos de asistencia, protección, igualdad y no discriminación; orienta políticas, planes y programas por parte del Estado que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento; promueve la corresponsabilidad y participación del Estado, sociedad y familia para lograr la inclusión de las personas adultas mayores, teniendo en cuenta atención especial, prioritaria y oportuna de toda autoridad e institución en todos los servicios públicos y privados necesarios para garantizar un trato digno, con calidad y calidez.

Al momento, el proyecto está a la espera del trámite en la Corte Constitucional para que determine si el Ejecutivo tiene la razón o no en su veto parcial por inconstitucionalidad al artículo 14, que establece beneficios y exoneraciones en materia tributaria.

JLVN/eg

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