En su rendición de cuentas ante el Pleno de la Asamblea, Marcelo Merlo Jaramillo, expresidente encargado del Consejo de la Judicatura, subrayó que desde los primeros días de su gestión impulsó una la política de diálogo y de articulación interinstitucional en aras de conocer sus preocupaciones para una correcta administración de justicia.
Su gestión se inició en junio de 2018, tras la designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición.
Merlo explicó que debido a la complejidad que supone la institucionalidad en la administración de la justicia, en todo el país, se identificaron graves inobservancias en la gestión administrativa reveladas en la omisión de los sistemas de control interno que debían aplicarse. “Inobservancias y falencias que se acarriaron desde administraciones anteriores, enfatizó.
Sostuvo que han trabajado en una administración de justicia ágil, oportuna, transparente, imparcial e independiente. Destacó la gestión de la Mesa por la Verdad y Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más. Mencionó el acceso a la justicia y fortalecimiento de los servicios especializados dirigidos a víctimas de violaciones de derechos humanos. Asimismo, señaló que la entidad resolvió la conformación de mesas de justicia en género, niñez y adolescencia.
Eliminación del “Error inexcusable”
Eliminaron el “error inexcusable” para destituir a operadores de justicia. Dicha figura jurídica de acuerdo con el artículo 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial es de atribución exclusiva de los jueces de alzada.
Prevenir la violencia contra las mujeres
Puso en marcha el plan inicial de Unidades Especializadas en materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en Quito, Cuenca, Ambato y Guayaquil.
En agosto y diciembre se incrementaron 66 operadores de justicia especializada en esta materia, entre jueces secretarios, ayudantes judiciales y peritos, médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Se adecuaron las Unidades Judiciales de Portoviejo, Macas, Ventanas, Machala y Azogues.
Mejoras en el servicio judicial
El 26 de noviembre de 2018, en la provincia del Guayas efectuó el sorteo de jueces y secretarios ante la presencia de un notario público para la conformación de los grupos previo a la implementación del “Sistema de Agendamiento para el incremento de la productividad en audiencias en tribunales de garantías penales aplicable a nivel nacional”.
De igual forma, se implementó el Plan Piloto de Justicia Virtual en la provincia de Pastaza, a partir de octubre el que se expandirá a todas las provincias, esto permitirá que la judicatura virtual sea la mejor opción para la descarga de notificaciones emitidas por los jueces y sus anexos y los abogados a nivel nacional, y sin desplazarse puedan litigar a través de casilleros judiciales electrónicos.
Mejoró el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) que abarca a 693.805 madres y beneficia a 811.458 niños y adolescentes, con transferencias en este año de alrededor 600 millones de dólares.
Junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, presentaron la campaña “Gratuidad en los servicios notariales para las personas con discapacidad”, con el objetivo de que la ciudadanía conozca que todos los trámites notariales que realizan personas con discapacidad, entre el 30% y el 100 %, son gratuitos.
Optimización de recursos
La entidad ahorró 74.74 millones de dólares por concepto de relaciones públicas; eliminación del servicio de telefonía móvil y roaming; viáticos y pasajes; eliminación de asignación de vehículos para autoridades.
RSA
