En el marco de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, los asambleístas de las Comisión Ocasional para atender los temas de estos grupos sociales y representantes de organizaciones sociales, debatieron sobre la manera cómo se debe otorgar la tenencia compartida. El criterio fue que debe ser de mutuo acuerdo y que se debe dejar plasmado en un documento.
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó que se han dado casos en los cuales el juez impone esta figura y eso vulnera a los niños, que están en medio del conflicto y, a la vez, aumenta la disputa entre los progenitores. Estos últimos no deben estar al margen de la decisión, subrayó.
El experto en derecho coincidió con el criterio de Isabel Chanataxi, del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, quien cree que, para tomar una resolución, la justicia también debería escuchar el criterio de los niños y adolescentes, puesto que son ellos quienes tienen derecho a tener una familia y vínculos con sus progenitores.
De su lado, Ana Guerrero, que trabaja con organizaciones de mujeres en temas de violencia, se refirió a los efectos de la tenencia compartida impuesta. Sostuvo que las niñas y niños pueden presentar problemas de socialización, síntomas de depresión o agresividad, miedos, alteraciones del sueño, problemas de integración, síntomas de estrés postraumático, entre otros. La tenencia compartida no puede ser impuesta, agregó el asambleísta Franklin Samaniego.
Ramiro García acotó también que las reformas a este Código deben tomar en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no plantearse hacia grupos de atención prioritario, porque podría generar debates constitucionales del por qué se apunta a esos grupos.
LILA/eg
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