Garantizar y fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, es lo que busca la propuesta de María Soledad Vela en las reformas a la Ley de Discapacidades, que la Comisión del Derecho a la Salud, analiza en el marco de la elaboración del informe para primer debate.
En el órgano Legislativo, la exlegisladora sostuvo que en el 2010 habían alrededor de 360 mil personas con discapacidad, de las cuales cerca de 300 mil estaban en situación extrema de vulnerabilidad. Además, que existe un subregistro de los temas de violencia sexual de estas personas y que sus derechos sexuales y reproductivos son invisibilizados.
Ante ello, plantea que en las agendas que guardan correlación con discapacidades, los entes rectores de educación y salud trabajen conjuntamente para que haya una adecuada información a las personas con discapacidad en los diferentes lenguajes y a través de los medios de comunicación, para que éstas puedan asumir sus derechos sexuales y reproductivos, de manera certera y correcta.
También dijo que es necesario que este grupo vulnerable de la población sea tratado en un marco de confidencialidad y que se le brinde atención especial en el sistema escolar.
El organismo Legislativo también recibió los criterios de María Paredes y Gonzalo Suárez, de la Federación Nacional de ONG para Discapacidad, “Fenodis”. Paredes, con 37 años de experiencia en la Fundación Hermano Miguel, pide se analice la incompatibilidad que existe entre la Ley y el reglamento de discapacidades. Éste último invalida muchos de los beneficios que se establecen en la ley, agregó.
Por ejemplo, en el pago del 12 % del IVA por una prótesis o ayuda técnica que la Ley determina la devolución al paciente el ciento por ciento. Sin embargo, en el reglamento actual se establece que este impuesto se devolverá porcentualmente de acuerdo a la discapacidad de la persona.
Asimismo en la Ley, las personas con discapacidad y quienes trabajan para ellas están exentas de todos los impuestos y aranceles para la importación de materia prima, en el reglamento se cuarta ese beneficio.
Mientras que a Carmen Calvachi y Pedro Álvarez, de la Fundación Tapori, les preocupa la forma en que se califica la discapacidad. Indicaron que independientemente del porcentaje que se establezca para tener derecho al beneficio, siempre será discriminatorio calificar la discapacidad, para luego obtener el derecho, es decir, se pondere la evaluación médica antes que la condición socioeconómica.
También pidió que se considere la independencia y la situación de una persona con discapacidad severa que a su vez forma parte de una familia disfuncional, padres alcohólicos, violencia intrafamiliar y abandono.
Pie diabético
En otro orden, Miguel Ángel Jácome Proaño de la Asociación de Hecho Úlcera de Pie Diabético, solicitó al órgano Legislativo su intervención para que el medicamento regenerador que puede prevenir la amputación de muchos miembros de las personas que sufren de diabetes, (que es un índice muy alto) pueda volver a la red pública de salud para que las personas de escasos recursos puedan acceder a él. Tras agradecer a la Comisión por haber sido la única institución pública que los ha atendido.
“No existe otro medicamento en el Ecuador que pueda solventar y evitar la amputación del pie diabético, lo que tenemos son tratamientos paliativos que alargan el sufrimiento del paciente y terminan con una amputación que empieza con un pie”, expresó.
Jácome, acompañado de un número representativo de pacientes con esta dolencia, pidió atención inmediata y seguimiento al tema y aclaró que dentro del mercado el medicamento se maneja con varios nombres en función de la farmacéutica y que se trata de un medicamento cubano que llegó al país mediante un convenio y fue distribuido desde el 2012 hasta 2017, a través de la red pública de salud.
RSA/ds
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