Una subcomisión ocasional, que será integrada en un plazo de 15 días por la Comisión de Biodiversidad, que tendrá una duración de 90 días, elaborará un informe debidamente motivado, con conclusiones y recomendaciones, en torno a los efectos causados por el desalojo de sedimentos de la Central Hidroeléctrica Manduriacu, donde se considerará la comparecencia del Ministerio del Ambiente, quien deberá informar la ejecución, control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y de la Empresa Pública de Agua Potable y Sanamiento de Quito. Así lo dispuso el Pleno de la Asamblea, con el voto de 123 asambleístas.
La Central está ubicada en el límite provincial entre Pichincha e Imbabura, desde 2015 que entró en operación, genera un impacto ambiental negativo en las comunidades asentadas a lo largo de los ríos Blanco, Esmeraldas y Guayllabamba.
Para cumplir con su cometido, y al amparo de lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la subcomisión solicitará la comparecencia de los servidores públicos responsables de esta área, recabará el criterio de especialistas en la materia, realizará visitas in situ a las instalaciones de la hidroeléctrica Manduriacu y zonas afectadas, así como efectuar los pedidos de información que considere pertinente.
Una vez haya concluido con el informe, lo presentará al Presidente de la Comisión de Biodiversidad, quien luego de someterlo al tratamiento correspondiente, lo pondrá en conocimiento del Pleno de la Asamblea para su análisis y resolución.
La proponente de la resolución, Rina Campain, argumentó que los millones de metros cúbicos de sedimentos que año a año son desalojados por Manduriacu reducen el oxígeno del agua de los ríos y provoca la asfixia y posterior muerte de miles de especies bioacuáticas, como peces y crustáceos.
En el debate, algunos legisladores comentaron que Manduriacu atiende la demanda de energía eléctrica de 250 mil familias, a través del sistema nacional interconectado, pero ocasiona serios y graves problemas a la provincia de Esmeraldas, por la descarga de los sedimentos. Advirtieron que si los sedimentos son evacuados por una central hidroeléctrica sin control y sin cumplir el procedimiento del Ministerio del Ambiente, generan gravísimas consecuencias, por lo cual el Ministerio de Ambiente debe explicar de qué forma se cumple el Plan de Manejo Ambiental, ante la operación de la referida central.
Solidaridad
En otro orden, el Pleno expresó su solidaridad con las familias del policía antinarcóticos César Vinicio Topón y de la cadete Erika Chicó, compatriotas ecuatorianos que perdieron la vida en manos de la delincuencia y la violencia organizada. Además, con el cabo Diego Villalva, el agente Cristian Quintana y la cadete Carolina Sango, quienes resultaron heridos.
El Legislativo condenó, de manera enérgica, toda forma de violencia, amenaza o conducta dentro y fuera de las fronteras patrias que atente contra la vida y la integridad de los ciudadanos ecuatorianos y sudamericanos. A la vez, exhortó a las instancias estatales que, en el marco de sus competencias, fortalezcan la coordinación y cooperación binacional y regional para identificar y sancionar a los responsables de estos lamentables hechos.
También, ratificó el apoyo de la Asamblea al pueblo colombiano, a los familiares y las víctimas del atentado del 17 de enero, que segó la vida de jóvenes policías en preparación para el servicio a su patria.
Cabe recordar que, el 12 de enero de 2019, una patrulla de la Policía Antinarcóticos fue atacada en Puerto Mestanza, provincia de Sucumbíos, hecho en el cual -lamentablemente-falleció el policía César Topón y resultaron heridos el cabo Diego Villaba y el agente Cristina Quintana. Mientras, el jueves 17 de enero, en la Escuela General Santander, al sur de Bogotá, un coche bomba produjo la muerte de 21 personas y 68 heridos,entre los cuales se encuentran la cadete ecuatoriana Carolina Sango (herida) y la cadete ecuatoriana Erika Chicó (fallecida).
La legisladora Ana Belén Marín, autora de la iniciativa, subrayó que para fortalecer la seguridad ciudadana no es suficiente la normativa vigente, sino que es hora que todos los poderes del Estado den respuestas preventivas y reactivas.
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