La prevención y el registro único serán los ejes principales en normativa sobre desaparecidos

Martes, 12 de febrero del 2019 - 10:21 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión Ocasional prosiguió la revisión del articulado borrador del proyecto de Ley de Actuación Integral en Casos de Personas Desaparecidas. En la sesión de este martes se enfocó en la definición de los textos relativos al objeto, ámbito, principios, corresponsabilidad, presunción de vida, la no revictimización, entre otros puntos.

El asambleísta Absalón Campoverde, titular de la mesa, dijo que esperan concretar la entrega del informe para primer debate en el mes de marzo, al enfatizar que, hasta el momento, se han incluido cambios en un 40 % a la propuesta de la Fiscalía General del Estado, en base a las observaciones y aportes de organizaciones y asociaciones de familiares, del Registro Civil, del Ministerio del Interior, la propia Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y expertos en la materia.

Prevención y registro

Destacó que existe un capítulo completo sobre los temas de prevención y registro único de desaparecidos, que serán los ejes principales de la ley. Es fundamental unificar datos y cifras; que esa información la maneje una sola entidad, es decir, Fiscalía o el Ministerio del Interior y a la que puedan acceder todos, de forma directa.

También es urgente trabajar en las alertas tempranas en escuelas y colegios, a fin de concienciar a niños y jóvenes sobre la problemática. En el ámbito de la prevención se debe involucrar la sociedad ecuatoriana en su conjunto, añadió.

Byron Granda, presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía Provincial de Pichincha, doctor en Jurisprudencia y Fiscal, participó en calidad de Asambleísta por un Día. Reconoció la importancia del proyecto sobre el caso de personas desaparecidas.

Explicó que la Fiscalía establece directrices en torno a la actuación de unidades específicas en temas sensibles, cuyos miembros cuentan con la debida capacitación.

Aseguró que el organismo ha perdido, de alguna manera, su institucionalidad como dispone la norma constitucional debido a que, en los últimos años, se ha regido por el Código Orgánico de la Función Judicial y, como tal, bajo la administración del Consejo de la Judicatura, lo que impide una actuación y gestión independiente y autónoma.

Se necesitan recursos económicos y humanos para garantizar una eficiente y eficaz justicia en la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y las investigaciones que permitan dar respuestas inmediatas a la situación de desaparecidos, subrayó.

MG/eg

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, QUITO, 12 DE FEBRERO DE 2019

 

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