En dos jornadas -martes y miércoles-, se analizó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre la base del trabajo de la Comisión de Justicia.
Un total de 18 parlamentarios intervinieron en la discusión de la propuesta. Los aspectos atinentes a la nueva estructura y funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, que el Pleno de la Asamblea sea el que en última instancia decida sobre el archivo o no de un juicio político, regular los pedidos de modificación del orden del día y que la destitución de un parlamentario proceda con las dos terceras partes -91 votos-, recibieron total respaldo en el Pleno.
La posibilidad de crear un Comité de Ética también cobró fuerza, pero las opiniones se centraron en definir sus funciones específicas, sin restar competencias al Consejo de Administración Legislativa (CAL). En todo caso, los asambleístas aprovecharon la oportunidad para exponer textos adicionales.
Propuestas
Patricio Donoso sugirió que el presidente de la Comisión de Fiscalización tenga voto dirimente para superar un empate de votos sobre un juicio político, lo que evitaría que el mismo quede en el limbo.
Franklin Samaniego habló de establecer una unidad de evaluación de las normativas, que verifique la transversalización del interés superior del niño, de mujeres y de grupos de atención prioritaria.
Fausto Terán objetó la creación de la unidad de control de la ejecución del Presupuesto del Estado, que bien lo puede hacer la respectiva comisión especializada.
Raúl Auquilla consideró que pertinente regular la proliferación de cambios del orden del día. Mientras, Tito Puanchir expresó que los informes de proyectos deben cumplir con requisitos mínimos: viabilidad jurídica, financiamiento y participación ciudadana.
Viviana Bonilla compartió el criterio de limitar los pedidos de cambio de la agenda por cada sesión, al enfatizar que se justifiva la creación del Comité de Ética.
Carlos Vera pidió se amplíe el nombre de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte. En tanto, Fernando Burbano planteó fijar la realización de audiencias ciudadanas, que faciliten la activa participación e involucramiento de la gente en la formulación de los proyectos de ley.
Doris Solís propuso definir una plataforma digital para que la ciudadanía conozca la dinámica de los asambleístas, así mismo que se mejoren los mecanismos de rendición de cuentas. María Mercedes Cuesta solicitó clarificar la situación de los informes incompletos que remiten los funcionarios y ministros.
Para Jaime Olivo es indispensable definir el plazo para las comparecencias de autoridades estatales al Pleno. Por último, Homero Castanier aplaudió la redefinición de la gestión de la Comisión de Fiscalización.
MG/eg
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