La Asamblea Nacional, comprometida con ejercer su rol fiscalizador, tal como lo contempla el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tramitó siete juicios políticos aprobados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
De dicha cifra, cuatro fueron resueltos en el Pleno: censura de Carlos Ochoa, extitular de la Superintendencia de Comunicación (119 votos); destitución de Carlos Baca, exfiscal del Estado (128 votos); Carlos de la Torre, exministro de Economía (no hubo votos) y, el último, censura al exprocurador Diego García (87 votos). En este caso, el Pleno deploró su actuación como abogado del Estado, en el juicio político propuesto por la asambleísta Mae Montaño.
Los tres juicios restantes contra de Gustavo Jalkh, extitular del Consejo de la Judicatura y siete vocales del organismo (cesado en funciones por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio), el exsuperintendente de Bancos, Crhistian Cruz, y el exministro de Agricultura Rubén Flores, quedaron sin resolución, pues no hubo votos suficientes para aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización.
A nivel interno se destituyeron a tres asambleístas. A Norma Vallejo (89 votos) y a Ana Galarza (91 votos) por gestionar cargos públicos y a Sofía Espín (94 votos) por incompatibilidad de funciones.
En referencia a las comparecencias ante el Pleno de la Asamblea, como una forma de ejercer control político, hasta el momento se contabilizan 16. La última la realizó la ministra del Interior, María Paula Romo, quien acudió a la legislatura el pasado 22 de enero de 2019, por el caso de femicidio contra Diana Carolina, ocurrido en Ibarra.
Otro eje primordial en el Legislativo es la transparencia. Hasta el momento más de 2.000 pedidos de información a instituciones del Estado han recibido respuesta.
La Asamblea Nacional, en su propósito de continuar con la fiscalización y el combate a la corrupción y la impunidad, tramita la Ley Orgánica de Recuperación de Capitales, que busca la devolución de los dineros desviados del país en actividades ilícitas, así como varias reformas al Código Orgánico Integral Penal.
SV/eg
