En el marco de la segunda sesión de trabajo sobre Fortalecimiento del Control Político, de la Red de Parlamentos Abiertos de ParlAmericas, los expositores analizaron las medidas que se deberían aplicar para combatir uno de los problemas recurrentes de este fenómeno, como es e lavado de activos o de dinero, en actividades lícitas de los países.
Esteban Fullin, asesor regional para América Latina y el Caribe del Fondo Monetario Internacional en antilavado de dinero, se mostró partidario de crear un marco legal que permita acceder a información pública sobre sociedades o compañías, de manera que se pueda saber si esa sociedad existe realmente, quiénes son sus socios, qué capital manejan, a fin de evitar el lavado de activos.
Aseguró que la información de estas empresas debe estar disponible para las autoridades, en forma oportuna -y con carácter real- respecto de los propietarios de las compañías, al tiempo que sugirió se establezca un registro final sobre todas las sociedades que se han creado en el país; generar de manera casi automática el expediente, si se trata de la solicitud de información con fines investigativos.
Indicó que ha habido problemas de transparencia de las sociedades, pues el propio país no sabe las vulnerabilidades de los sistemas, con figuras que son utilizadas indebidamente, como el caso de fideicomisos, empresas subsidiarias, entre otros mecanismos.
De su lado, Juan Ricardo Ortega, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, destacó que entre los medios utilizados para lavar dinero están los préstamos que se otorgan en instancias no registradas por el sistema financiero de cada uno de los países, son préstamos de fácil acceso, que no demandan garantías y que seducen a las personas que requieren de apoyo financiero para atender sus actividades.
Para el abogado Jaime Guerrero, socio de la firma Foley & Lardner, es necesario contar con normas jurídicas para sancionar el soborno directo y el soborno indirecto. Lo que se vive en la realidad en países como Estados Unidos o Brasil, es que en estos procesos intervienen terceras personas. Por ello, la disposición antisoborno debe ser absolutamente clara.
La legislación debe tener un alcance extraterritorial para que pueda llegar a todos los responsables de los actos de corrupción, en cualquier país del mundo. Así mismo, se debe ofrecer garantías para las personas que denuncien los actos de corrupción, a fin de que estos ciudadanos puedan contribuir a la investigación estos casos. “Las sanciones económicas deben ser fuertes para las empresas que incurran en sobornos, si perjudican con 10 millones de dólares, las multas deben ser de, por lo menos, 50 millones de dólares, así las compañías se abstendrán de cometer este tipo de infracciones.
Mesas
Luego de las ponencias, los parlamentarios se distribuyeron en siete mesas de trabajo para el análisis de casos específicos de corrupción, desde sobreprecios hasta la adjudicación de obras a empresas vinculadas con los funcionarios, posible lavado de activos, el incremento patrimonial injustificado de familiares de quienes han ejercido cargos públicos.
Entre las alternativas de solución, las mesas propusieron la creación de normas claras para la contratación pública, el establecimiento de requisitos y procedimientos unificados para las etapas contractuales, el desafuero o el levantamiento de la garantía de inmunidad de aquellos funcionarios que gozan de este privilegio, para que puedan ser sometidos a la justicia ordinaria.
También, promover el intercambio de información sobre casos de corrupción que tienen nexos con otros países, de manera que la legislación de combate a este flagelo tenga un carácter extraterritorial, es decir, que pueda ser aplicada más allá de las fronteras de un país.
EG
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