En el marco del IV Encuentro de la Red de Parlamentos Abiertos, en Quito - Ecuador, los países participantes asumieron nuevos compromisos y retos de Parlamento Abierto que se aplicarán en lo que resta de 2019, en sus respectivas instancias legislativas.
Fernando Burbano, de la Asamblea de Ecuador, se mostró partidario de ir más allá de los parlamentos abiertos y alcanzar una sociedad abierta. Por ello, dijo, estamos haciendo una amplia convocatoria a todas las organizaciones para que se involucren en la construcción de las leyes.
Randy Hoback, delegado de Canadá, anunció que en mayo tendrán un Plan para recomendar a los nuevos legisladores del período 43 de su país las estrategias de Parlamento Abierto. “Enviaré una carta a todos los miembros de la Cámara de los Comunes para que revisen las leyes que tengan más de cinco años de creadas, a fin de establecer si se han cumplido o no sus objetivos y cuál ha sido su impacto en el desarrollo del país”, indicó.
Sobre los nuevos compromisos Gissela Scaglia, de Argentina, indicó que profundizarán las leyes participativas e incluirán un espacio específico en la web dirigido a las mujeres para que conozcan los temas que se tramitan en el Congreso de la Nación, de manera que aporten, desde su realidad, al debate de las leyes que se aprueben.
Amzad Abdoel, de Surinam, explicó que se han planteado sesiones de seguimiento para determinar cómo podemos mejorar la legislación que estamos trabajando. “Hemos establecido reuniones abiertas del Comité y ahora queremos documentarlas y que estas se puedan ver en la página web”.
Según Andy Daniel, presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Lucía, espera ver sus órdenes pendientes en su propia casa y en la Cámara de Los Comunes, sobre todo en estrategias orientadas a incrementar la participación ciudadana, que actualmente es cero. El objetivo es promover la participación de la sociedad civil en el proceso legislativo, con una estructura de comunicación que involucre a los ciudadanos en estos procesos.
Protocolo sobre Cambio Climático
Jennifer Simons, de Surinam, recordó que hace unos cuantos años, en ParlAmericas se decidió trabajar en varias herramientas para ayudar a los parlamentos de la región. Una de ellas, es el Protocolo Parlamentario para la Reducción del Riesgo de Desastres, construido con el apoyo de la Oficina Regional de Naciones Unidas sobre esta materia, con el cual se busca generar conciencia a nivel parlamentario acerca de la necesidad de contar con una legislación encaminada a la reducción de riesgo de desastres.
De su lado, Arthur Holder, de Barbados, explicó que se van a explorar prioridades en áreas importantes de la esfera pública, en este caso el control político de los avances en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, cuál es el rol de los parlamentos en el seguimiento de las políticas públicas relacionadas con estas metas.
Leví Sucre, coordinador del Bloque Atlántico de la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA), de Costa Rica, indicó que hace más de 40 años se acogió en la legislación nacional el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), pero no se aprobaron los respectivos reglamentos, lo cual ha impedido que las comunidades indígenas ejerzan sus derechos de manera efectiva. “Estamos trabajando con el Ejecutivo para dictar estos reglamentos y corregir las deficiencias que hemos tenido en cuatro décadas”.
Zakiya Uzoma-Wadada, presidenta del Instituto Caribeño de Recursos Naturales, de Trinidad y Tobago, destacó que están en un proceso para implementar de mejor manera la Agenda de Desarrollo Sostenible. En este sentido cuentan con un programa de la sociedad y gobernanza para trabajar en procesos participativos para la preservación del ambiente. Se establecen las prioridades de cada país y se crea un Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de la sociedad civil en la consecución de los Objetivos de Desarrollo.
Agenda de género
Mientras, Juana Herrera, presidenta del Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Panamá, una experiencia que lleva desde 1993, que se formó por la necesidad de promover la participación de la mujer en el quehacer político, anunció que el 22 de marzo suscribirán el quinto pacto con todos los candidatos presidenciales de Panamá, lo importante de este instrumento es que, a diferencia de los anteriores, establece mecanismo de evaluación al primer año, al tercero y cuarto año, para saber cuánto de este compromiso ha sido cumplido por el Presidente electo. Añadió que hacen falta reformas electorales que garanticen la paridad, así como una Ley Contra la Violencia de Género.
EG
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