En cumplimiento del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes, la mesa de Participación Ciudadana y Control Social, aprobó el informe, no vinculante, respecto del veto del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, acogiendo, en primera instancia, el dictamen de la Corte Constitucional y con la sugerencia de aceptar varias observaciones y ratificar el texto original de 10 artículos.
Héctor Yépez, presidente del organismo parlamentario, indicó que la Corte Constitucional, de las objeciones formuladas por el Ejecutivo le ha dado la razón a la Legislatura en 24 de ellas. Lo importante es que se ratifica la autonomía de la Defensoría para ejercer su tarea en la defensa de los derechos humanos, de la naturaleza y de los usuarios y consumidores, dijo.
Enfatizó que la propuesta favorece a la gente que menos acceso tiene de poder hacer valer normalmente sus derechos cuando es víctima de abusos por parte del Estado, una empresa o de lo que fuere. Mencionó que la Corte dispone que se ajusten textos en determinadas casos cuando, por ejemplo, se trata de la vigilancia en materia de derechos, a fin de aclarar la función de promoción y tutela que corresponde a la entidad, tema más de orden técnico, que no cambia el contenido de la ley en su conjunto.
Insistió que se consagra la autonomía de la institución, en igual condición que la Procuraduría, la Contraloría, la justicia. “Necesitamos entes independientes que defiendan al ciudadano y no al poder político en un gobierno”, subrayó.
Objetivos
El proyecto refuerza la promoción de los derechos, a fin de ser preventivos y evitar que se llegue a una violación de los mismos; desarrolla los derechos vigentes en la Constitución, como el de la naturaleza, movilidad humana y defensores de derechos humanos; establece, con claridad, las competencias del Defensor del Pueblo y funcionamiento de toda la institución; define un modelo desconcentrado, con delegaciones en todas las provincias y en el exterior, en países de destino o tránsito, donde se identifique vulneración de derechos.
Además, cuenta con mecanismos para la participación activa de la sociedad civil en la exigibilidad de derechos.
MG/eg
