Leyes de Prevención de la Violencia en el Deporte y de las Personas Adultas Mayores al Registro Oficial

Miércoles, 27 de marzo del 2019 - 16:40 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Resolución de vetos

Una vez que el Parlamento resolvió las objeciones parciales a los proyectos de Ley de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte; y, de las Personas Adultas Mayores, estas serán remitidas directamente al Registro Oficial para su publicación.

Consenso

Ángel Sinmaleza, vicepresidente de la Comisión de la Salud, en calidad de ponente, destacó que la normativa surgió de un amplio consenso, con aportes de la Concentración Deportiva de Pichincha, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Comisión Nacional de Arbitraje, asambleístas y personas relacionadas con la seguridad deportiva, la justicia ordinaria, dirigentes deportivos y barras organizadas.

Enfatizó que tiene como objetivo prevenir las tragedias que se han registrado en los escenarios deportivos y concentraciones masivas, en los últimos años. También busca que las familias ecuatorianas regresen a disfrutar de espectáculos públicos en un ambiente de seguridad. 

Igualdad y no discriminación

Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, dijo que la nueva Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, es una necesidad impostergable, más aun cuando la vigente data de 1991.

Sostuvo que la norma se construyó en 14 meses y garantiza la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos que están en la edad de 65 años en adelante, al resaltar la actitud de la Corte Constitucional que emitió su dictamen, a la brevedad posible, frente a las observaciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno, a pesar que tenía alrededor de 14 mil procesos en trámite.

El proyecto reconoce los derechos específicos como la igualdad y no discriminación, obligaciones del Estado, derechos de libertad, vida libre de violencia, atención integral de salud, cuidado diario, seguridad social, protección y atención contra todo tipo de violencia, evitar el maltrato; y, generar mecanismos de infracción y sanciones.

Impulsa políticas, planes y programas por parte del Estado que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento; promueve la corresponsabilidad y participación del Estado, sociedad y familia para lograr la inclusión de las personas adultas mayores.

MG

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